Keiko Fujimori tomó posesión como presidenta de Perú este martes, marcando el retorno al poder de un apellido que aún genera división en el país y mantiene seguidores a pesar de su vínculo con graves violaciones de derechos humanos y actos de corrupción.
La líder derechista se impuso en las elecciones presidenciales por un margen muy ajustado frente a su oponente de izquierda, Roberto Sánchez, tras disputar su cuarto balotaje en 15 años. Esta vez, Keiko reivindicó con fuerza el controvertido gobierno de su padre, Alberto Fujimori, quien falleció en 2024.
El precedente presidencial de Fujimori
Alberto Fujimori gobernó Perú entre 1990 y 2000, período en el que estabilizó la economía y derrotó a grupos insurgentes de izquierda, pero también estuvo marcado por un autogolpe, corrupción y violaciones de derechos humanos que terminaron con su encarcelamiento.
Durante parte de ese tiempo, Keiko fue primera dama tras la separación de sus padres, y ahora, a los 51 años, se compromete a respetar la ley mientras impulsa una política de seguridad de "mano dura" contra la delincuencia, una de las preocupaciones principales de la población. "Como tengo la sangre de Alberto Fujimori, lo haremos con los pantalones bien puestos para derrotar a la delincuencia", afirmó durante la campaña.
Expertos señalan que la capacidad de Keiko para superar a la oposición antifujimorista, que le impidió ganar en elecciones anteriores, refleja un cambio político y una cierta atenuación en la percepción negativa del legado de su padre. Cynthia McClintock, profesora de ciencia política en la Universidad George Washington, explicó que "los recuerdos de Alberto se desvanecieron un poco y por eso ella se sale con la suya".
Alberto Fujimori, hijo de inmigrantes japoneses y agrónomo de formación, fue un outsider que ganó en 1990 frente al escritor Mario Vargas Llosa. Su gobierno se caracterizó por concentrar el poder y limitar la democracia, con medidas como el autogolpe de 1992, cuando disolvió el Congreso y controló el Poder Judicial con apoyo militar.
Fue también el primer expresidente en América Latina condenado por violaciones a los derechos humanos, como masacres cometidas por una unidad militar que dejó 25 muertos al inicio de su mandato.
Por su parte, Keiko Fujimori llega a la presidencia con amplia experiencia política. Tras estudiar administración de empresas en Estados Unidos, fue electa al Congreso en 2006 con la mayor votación y fundó en 2010 el partido Fuerza Popular. En 2011, 2016 y 2021 disputó la presidencia sin éxito, hasta lograrla ahora.
Durante años intentó distanciarse del perfil autoritario de su padre. En 2016 aseguró que nunca daría un "autogolpe" y en la última campaña prometió luchar contra la corrupción y no permitir los "horrendos crímenes" por los que fue condenado Alberto Fujimori, aunque negó la validez de las pruebas en su contra.
Organizaciones de derechos humanos ya anunciaron protestas ante el inicio del gobierno de Keiko, cuyo partido aprobó recientemente una ley que impide que policías y militares sean juzgados por la justicia civil en casos de abusos, trasladando estos procesos a tribunales castrenses.
McClintock advierte que, aunque las circunstancias actuales dificultan la repetición de abusos como en la década de 1990, persisten preocupaciones sobre un autoritarismo latente, incumplimiento de normas y corrupción.
La campaña presidencial de Keiko estuvo cargada de alusiones al gobierno de su padre. Su lema "vuelve el orden" y la promesa de "pacificar Perú" apelaron a los éxitos que muchos simpatizantes atribuyen a Alberto Fujimori: encauzar la economía con ortodoxia neoliberal y derrotar a Sendero Luminoso y al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru.
El politólogo José Incio, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, señala que la actual Keiko se presenta en un contexto diferente, donde un sector de la clase media percibe a la izquierda como una amenaza para el orden económico y social, comparando la delincuencia con el terrorismo de la época de su padre.
Entre sus propuestas, Fujimori plantea juzgar a presuntos delincuentes con jueces anónimos, lo que contraviene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la creación de megacárceles similares a las de El Salvador, pese a denuncias de abusos en esos centros penitenciarios.
En materia económica, promete mantener el orden macroeconómico pero también replicar medidas consideradas populistas, como la entrega masiva de títulos de propiedad, lo que según Incio demuestra que "puedes ser populista y ortodoxo al mismo tiempo".
Analistas atribuyen su triunfo en parte al hartazgo de la ciudadanía con la inestabilidad política que llevó a tener ocho presidentes en la última década, aunque también critican la responsabilidad de Fujimori por haber impulsado la destitución del presidente Pedro Pablo Kuczynski en 2018 mediante el mecanismo de "incapacidad moral".
Ahora, con un Congreso fragmentado pero sin mayorías propias, se considera poco probable que Keiko sea víctima del mismo mecanismo de destitución. Su adversario Sánchez fue percibido como una opción más riesgosa por vínculos con el expresidente Pedro Castillo, quien intentó un autogolpe en 2022 y fue detenido.
La prisión de expresidentes se ha vuelto común en Perú desde que Alberto Fujimori cumplió 16 años de condena y fue liberado en 2023 gracias a un indulto, mientras que Keiko estuvo cerca de año y medio en prisión preventiva por una causa desestimada en 2024.
Finalmente, Keiko ha afirmado que cumplirá solo con su mandato de cinco años, marcando una diferencia pública con su padre, quien tras reformar la Constitución fue reelecto dos veces y renunció en medio de escándalos durante un viaje al extranjero.
El inicio de su gobierno marca el comienzo de una nueva etapa en Perú, donde queda por verse en qué medida se asemejará o diferenciará su gestión de la de Alberto Fujimori.
