La defensa del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro presentó dos mociones ante el tribunal federal de Nueva York para desestimar el caso penal en su contra antes de que llegue a juicio: la primera pide la desestimación total de la acusación bajo el argumento de la inmunidad soberana, y la segunda —en caso de que la primera no prospere— solicita la retirada específica del cargo de conspiración por narcoterrorismo. El abogado Barry Pollack argumentó que el tribunal carece de jurisdicción para procesar a Maduro porque es "jefe de Estado de facto" y que la conducta en la que se basan los cargos "consiste en actos atribuibles a los cargos oficiales y a las facultades del Estado". La primera moción también solicitó cerrar el caso "con perjuicio", lo que en la práctica impediría que la misma acusación pudiera presentarse nuevamente. La Fiscalía tiene hasta el 2 de octubre para responder, y la vista para abordar estas cuestiones está programada para el 17 de noviembre, antes del juicio fijado para junio de 2027.
El argumento de la inmunidad soberana es la apuesta jurídica más ambiciosa de la defensa: si prospera, no solo liberaría a Maduro sino que sentaría un precedente sobre los límites de la jurisdicción estadounidense para juzgar a líderes extranjeros. La tesis de Pollack es doble: Maduro tiene derecho a la inmunidad "tanto basada en su condición de jefe de Estado como basada en la conducta", lo que —según el escrito— haría que el tribunal carezca de jurisdicción en ambos casos. Para el cargo de narcoterrorismo específicamente, la defensa añadió que la acusación "pretende juzgar a un ciudadano extranjero por conducta exclusivamente extranjera sin alegar adecuadamente el elemento jurisdiccional" y que no está "dentro de la autoridad del Congreso para regular". El gobierno estadounidense, previsiblemente, rechazará esos argumentos al sostener que la captura de Maduro en Caracas el 3 de enero fue "una actuación legítima de las fuerzas del orden en el marco de una investigación abierta hace seis años".
El proceso judicial se desarrolla en paralelo a la transición política que Washington impulsa en Venezuela, con las primeras conversaciones formales entre la Asamblea Nacional de 2015 y el gobierno interino de Delcy Rodríguez iniciadas el 1 de agosto. Maduro, mientras tanto, difundió el domingo fotografías desde el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn vestido con pantalón y sudadera grises, haciendo el signo de la victoria —una imagen que sus seguidores interpretaron como un gesto de desafío y que sus detractores leyeron como una pose calculada para el consumo político venezolano. Con la vista del 17 de noviembre como próximo hito procesal, el caso más resonante de la justicia estadounidense en 2026 entra en su fase más técnica y decisiva antes de que llegue al jurado en junio del año próximo.
