El gobierno de Francia se encuentra en máxima alerta ante el anuncio de una gran marcha convocada por el movimiento de los "Chalecos amarillos" en París para el próximo sábado, en un nuevo capítulo de la profunda crisis social que atraviesa el país. A las movilizaciones de los sectores autoconvocados contra el costo de vida se sumarán nuevas protestas estudiantiles en demanda de mayor presupuesto educativo, mientras que las principales centrales sindicales, lideradas por Sophie Binet de la CGT, reclamaron "subir el nivel" de las medidas de fuerza y convocaron a una huelga nacional para el próximo 5 de noviembre, tras considerar insuficientes las respuestas del primer ministro Sébastien Lecornu en las negociaciones salariales.
Frente a la persistencia del clima de agitación a seis meses de las elecciones presidenciales, el presidente Emmanuel Macron endureció su postura y advirtió que las fuerzas de seguridad impedirán el paso a los grupos violentos que intenten infiltrar las manifestaciones. En paralelo, el mandatario arremetió con dureza contra diversos líderes extranjeros —entre ellos el presidente estadounidense, Donald Trump—, a quienes acusó de intentar sacar rédito político de los recientes saqueos y destrozos. "Todos los que hablan mal de nuestro país en este momento son personas que no aman a Francia. ¡Estas personas me irritan! Algunos dirigentes extranjeros están haciendo campaña a costa de Francia", sentenció.
La tensión política y social se agrava en un complejo contexto económico marcado por el encarecimiento de los combustibles y la presión inflacionaria derivada del conflicto en Medio Oriente. Mientras el Ejecutivo en minoría parlamentaria busca implementar un severo ajuste fiscal para sanear las cuentas públicas de cara a 2027, la falta de consensos legislativos dificulta la adopción de medidas de alivio inmediato, dejando al Gobierno expuesto tanto a la presión de las calles como a las críticas cruzadas en el escenario internacional.
