El Gobierno de Paraguay impulsará una iniciativa legislativa destinada a evitar el colapso y cierre de las compañías vinculadas al disuelto Ueno Bank, con el objetivo central de preservar las fuentes laborales de sus trabajadores.
El presidente Pedro Alliana anunció que enviará al Congreso Nacional un proyecto de ley que faculta al Poder Ejecutivo a designar administradores temporales por un plazo de ocho meses, apartando de sus funciones a los actuales directivos para sanear y ordenar las cuentas de las firmas comprometidas. A través de sus canales oficiales, el mandatario enfatizó que la prioridad absoluta de su gestión es garantizar que estas unidades productivas sigan operando con normalidad para evitar una ola de despidos masivos.
Los alcances técnicos de la normativa fueron detallados en conferencia de prensa por el asesor jurídico de la Presidencia, Eduardo González, quien precisó que el esquema permitirá al Estado asumir de forma transitoria la conducción de las sociedades estrechamente ligadas a entidades financieras en proceso de resolución.
El funcionario aclaró de manera categórica que el erario público no absorberá ni se hará cargo de los pasivos financieros de estas empresas, sino que la intervención buscará blindar los activos existentes y asegurar el flujo operativo necesario para el pago regular de los salarios.
Para impedir maniobras de vaciamiento patrimonial durante el período de tutela estatal, el proyecto de ley establecerá severas restricciones sobre el manejo financiero de las firmas alcanzadas, prohibiendo expresamente la transferencia de bienes, la distribución de dividendos, la cancelación de créditos a favor de los accionistas y cualquier movimiento de fondos ajeno al giro comercial habitual.
Asimismo, desde el Ejecutivo subrayaron que la medida no se aplicará de forma indiscriminada a todas las empresas que mantuvieron vínculos comerciales con la entidad bancaria intervenida, sino únicamente a aquellas que cumplan con criterios estrictos de vinculación societaria y control efectivo.
