En un viraje determinante para la transición política en Brasil, el presidente del Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, emitió un comunicado oficial reconociendo la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva tras su victoria en el balotaje con el 51,79 % de los votos. La declaración del titular de la fuerza opositora desestimó la promesa formulada previamente por el candidato derrotado, Flávio Bolsonaro, de exigir la nulidad del proceso electoral. Si bien el documento argumentó supuestos desequilibrios generados por la expansión del gasto social previo a las urnas y denunció abusos de poder por parte del oficialismo, ratificó el reconocimiento de los datos proclamados por el Tribunal Superior Electoral (TSE) y encomendó al bloque legislativo articular una oposición firme en el Congreso Nacional.
En paralelo a la convalidación partidaria del escrutinio, la situación judicial de Flávio Bolsonaro se agravó drásticamente a menos de 24 horas del cierre de los comicios. Por orden del juez del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, el senador fue abordado en la vía pública por efectivos de la Policía Federal al salir de visitar a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, para ser intimado a la entrega de la totalidad de sus pasaportes en un plazo de 24 horas y notificado sobre la prohibición de abandonar el territorio nacional. La medida de coerción incluye además la restricción absoluta de contacto entre el legislador y el abogado Willer Tomaz.
Las medidas cautelares se dispusieron en el marco de una investigación instruida por presunto lavado de dinero, evasión fiscal y financiamiento irregular mediante el uso de casas de apuestas y estructuras financieras en paraísos fiscales. De acuerdo con los informes presentados por la Policía Federal, las pesquisas detectaron que Flávio Bolsonaro figuraba como «usuario principal» de cuentas bancarias pertenecientes a sociedades de Tomaz en la isla de Madeira, además de verificar la titularidad compartida de un jet privado y el pago de viajes personales por parte de firmas bajo sospecha. Ante las actuaciones, el senador tildó la decisión de «aberración jurídica» y persecución política motivada por el desenlace del balotaje, asegurando que acatará la entrega de los documentos mientras ejercerá su defensa ante el máximo tribunal.
