La crisis institucional en Paraguay experimentó un punto de inflexión luego de que la Cámara de Senadores culminara el proceso de juicio político y el Congreso formalizara la asunción de Pedro Alliana al frente del Poder Ejecutivo. La jura del nuevo mandatario se produjo en paralelo a la escalada judicial de la causa por el colapso del Ueno Bank, un escándalo que desató protestas masivas, dejó congelados los ahorros de cerca de tres millones de clientes y fracturó a la cúpula del gobernante Partido Colorado en vísperas de una reconfiguración total del gabinete.
En el plano penal, la Fiscalía General del Estado emitió órdenes de captura y detención contra los principales involucrados en la supervisión y administración de la financiera y los fondos públicos comprometidos. El Ministerio Público dispuso que el destituido Santiago Peña cumpla la medida cautelar bajo un régimen de arresto domiciliario en su residencia particular, a la espera de ser trasladado para prestar declaración indagatoria ante la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción.
Asimismo, la instrucción judicial dictaminó que el expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Dagoberto Carvallo, permanezca privado de su libertad en las instalaciones designadas por la Comandancia de la Policía Nacional. Mientras los fiscales especializadas avanzan en la apertura de tres causas penales paralelas para dilucidar responsabilidades patrimoniales y normativas, la administración de Pedro Alliana enfrenta el desafío inmediato de pacificar el escenario político y garantizar los canales de pago para los ahorristas afectados.
