El canciller británico Ed Miliband anunció en la Cámara de los Comunes el paquete de sanciones más duro que el Reino Unido haya adoptado contra Israel en décadas, en un giro que enfrenta al gobierno de Andy Burnham con Benjamin Netanyahu y con Washington.
Miliband anunció la prohibición de importación de todos los productos originados en los asentamientos ilegales israelíes en Cisjordania, sanciones contra empresas que suministren servicios financieros o productivos a esos territorios, prohibición de propaganda sobre propiedades en zonas ocupadas, sanciones individuales contra quienes promuevan la violencia en los asentamientos y una nueva prohibición de licencias de exportación de armas y "todo otro producto que contribuya a la ocupación".
El lenguaje del canciller fue el más duro que un miembro del gobierno británico ha utilizado sobre Israel en años: "Lo que está ocurriendo es una limpieza étnica.
Y el gobierno israelí ha hecho la vista gorda. La ocupación israelí de Cisjordania es totalmente ilegal. Esa es la posición del gobierno británico". Francia y Canadá tomaron medidas similares en paralelo, en lo que Miliband describió como "parte de una coalición internacional".
Bélgica y España se sumaron a último momento a una iniciativa a la que ya habían adherido Alemania, Italia, Noruega y Países Bajos.
El anuncio de Miliband representa además un giro explícito respecto a la política del anterior primer ministro laborista Keir Starmer, que mantuvo una postura considerada pro-israelí por los sectores más críticos del partido.
El nuevo gobierno de Burnham, en cambio, retoma la tradición de la izquierda laborista histórica más crítica con Israel y lo hace con una contundencia que sorprendió incluso a observadores acostumbrados a los vaivenes de la política exterior británica.
El antecedente inmediato fue la declaración conjunta del 20 de agosto, cuando los líderes de Alemania, Italia, Francia, Noruega, Países Bajos y Reino Unido condenaron la decisión israelí de publicar licitaciones para el proyecto de asentamiento E1 en Cisjordania —que contempla 3.401 unidades de vivienda al este de Jerusalén— describiendo la medida como "inaceptable" y advirtiendo que "separará Cisjordania, dañará la contigüidad territorial de los Territorios Palestinos y socavará las perspectivas de una solución de dos Estados".
