La administración británica de las Islas Malvinas prorrogó por cinco años las licencias vigentes para actividades petroleras offshore, con la posibilidad de una extensión adicional de dos años si las empresas cumplen con sus programas de trabajo, en la respuesta más concreta hasta ahora al escalada de presión argentina sobre las compañías que operan en la zona.
"Estas prórrogas brindan seguridad a los operadores, permitiéndoles continuar invirtiendo y desarrollando sus áreas asignadas. Son recursos nuestros que debemos desarrollar", afirmó Cheryl Roberts, integrante de la Asamblea Legislativa isleña a cargo de las áreas de Comercio, Industria y Recursos Minerales. Los permisos alcanzados incluyen a Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration —socias en el proyecto Sea Lion con participaciones del 65% y 35% respectivamente— y a las británicas Borders & Southern y Desire Petroleum Limited, junto con la canadiense JHI.
La administración isleña también autorizó que una subsidiaria de Navitas adquiera el 65% del bloque PL001, ubicado junto a Sea Lion, a partir de un acuerdo firmado en febrero con JHI Associates.
La decisión se conoció en simultáneo con una medida judicial en sentido contrario: la jueza federal de Río Grande Mariel Borruto ordenó a Navitas y Rockhopper abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar las obras necesarias para poner en funcionamiento Sea Lion, en respuesta a una presentación de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y el Centro de Excombatientes de Malvinas de La Plata. Sea Lion, ubicado en la cuenca norte de Malvinas a unos 220 kilómetros del archipiélago, prevé comenzar la extracción de petróleo en marzo de 2028 con una producción de 50.000 barriles diarios.
La orden judicial argentina y la prórroga de licencias británica configuran así un escenario de colisión jurídica directa sobre el mismo proyecto: las empresas tienen luz verde de Londres y orden de freno de Buenos Aires, en una situación sin salida hasta que alguna de las dos jurisdicciones ceda o los tribunales de algún país tercero deban resolver.
El trasfondo legal es claro para ambas partes y completamente opuesto. Argentina invoca la Resolución 31/49 de la Asamblea General de la ONU, que insta a las partes a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales que modifiquen la situación mientras permanezca pendiente una solución sobre la soberanía, y sostiene que cualquier actividad hidrocarburífera en la zona requiere autorización nacional. El Reino Unido rechaza esa posición y afirma que Argentina carece de jurisdicción sobre las empresas que operan en las islas, reivindicando el derecho de sus habitantes a administrar sus propios recursos naturales.
