El gobierno de Donald Trump incluyó al Cártel de Juárez y a "Los Viagras" en su lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designadas, sumando dos nuevos nombres a una nómina que ya incluye al Cártel de Sinaloa, el Jalisco Nueva Generación, el del Noreste, el del Golfo y La Nueva Familia Michoacana, designados en febrero pasado. Con estas incorporaciones, Washington cuenta ya con seis cárteles mexicanos en su lista de grupos terroristas. El Departamento de Tesoro y la Secretaría de Estado fundamentaron las designaciones en la participación de ambas organizaciones en el tráfico de drogas y otros delitos vinculados al crimen organizado, con mención explícita de la masacre de noviembre de 2019 en Sonora, cuando sicarios de "la Línea" —la facción dominante del Cártel de Juárez— asesinaron a nueve ciudadanos estadounidenses, tres adultos y seis niños, miembros de una familia mormona. "La Administración Trump seguirá utilizando todos los medios a su alcance para proteger a nuestra nación, manteniendo las drogas fuera de nuestras calles y cortando las fuentes de ingresos que financian a los narcoterroristas violentos", señaló la Secretaría de Estado.
El Cártel de Juárez, fundado en la década de 1970 con operaciones en la fronteriza Ciudad Juárez, en Chihuahua, y "Los Viagras", activos principalmente en Michoacán, ya enfrentaban sanciones por narcotráfico antes de esta designación, que agrega la categoría terrorista y amplía el abanico de consecuencias legales para quienes colaboren con ambas organizaciones o faciliten sus operaciones financieras. La designación como organización terrorista permite a Washington aplicar medidas más agresivas que las sanciones tradicionales por narcotráfico, incluyendo la posibilidad de perseguir judicialmente a quienes en cualquier país del mundo provean apoyo material a los grupos designados.
El gobierno mexicano rechazó, como ha hecho en cada ocasión anterior, cualquier acción unilateral de Washington contra los cárteles en territorio nacional, defendiendo el principio de soberanía y la cooperación bilateral como único marco válido para abordar el problema del narcotráfico. La tensión entre ambos países sobre este tema es estructural: Trump presiona a México con amenazas de aranceles, sanciones financieras y estas designaciones terroristas para forzar un endurecimiento del combate al fentanilo, mientras Ciudad de México insiste en que la coordinación debe respetar los límites de la soberanía nacional. La estrategia de Washington de tratar a los cárteles como organizaciones terroristas —en lugar de criminales— abre además la puerta teórica a intervenciones militares unilaterales en suelo mexicano, una posibilidad que el gobierno de México descarta pero que Trump nunca excluyó del todo de su retórica.
