La Fiscalía pidió una pena de 12 años para Cristina Fernández

El fiscal Diego Luciani cerró un extenso alegato con el pedido de aplicación de una pena de 12 años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En el juicio donde se investigan los presuntos direccionamientos de la obra pública en la provincia de Santa Cruz entre los años 2003 y 2015, Luciani aseguró que el perjuicio al estado fue de unos cinco mil trescientos millones de pesos.

“Hoy más que nunca la sociedad reclama justicia y ustedes, señores jueces, son los encargados de dar a cada uno lo que corresponde . Una sentencia ejemplar puede ser el primer paso para restaurar la confianza de la sociedad en las instituciones”. Seguidamente, al finalizar su alegato, señaló que “nuestro único objetivo fue buscar la verdad”. “Señores jueces, este es el momento. Es corrupción o justicia. Y ustedes tienen la decisión”.

Aún resta por saber qué resolverá el tribunal respecto del pedido de ampliación de indagatoria presentado por la vicepresidenta que realizó esa solicitud este lunes. En caso de ser aceptada, será Cristina Fernández de Kirchner quien hará uso de la palabra este martes, se supone que por varias horas para desmenuzar la acusación y realizar su propia defensa.

En otra enérgica exposición en el tramo final de la etapa de alegatos ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 (TOF 2), Luciani consideró que Cristina y los demás acusados llevaron adelante "la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país". Y en esa línea, acusó a la dos veces presidenta de la Nación de actuar con "ánimo de lucro y codicia".

El tramo final de la novena y última jornada de alegato tenía previsto resumir de manera compactada lo que ambos representantes del Ministerio Público desgranaron en las oportunidades anteriores, realizar una evaluación político-judicial  y culminará con el pedido de penas, que se insinúa particularmente alto en el caso de los principales imputados.

En el comienzo de la audiencia, y en rechazo a la defensa de Abel Fatala, exsubsecretario de Obras Públicas, el primer fiscal en tomar la palabra fue Sergio Mola. “Tomó efectivo conocimiento de la maniobra defraudatoria que se estaba cometiendo en Santa Cruz y optó por no ejecutar las tareas de control que tenía asignadas”, apuntó y, en ese sentido, afirmó que “a esta altura no es creíble que no tuviera conocimiento, como no es creíble que Cristina Kirchner no se enterara de nada”.

De acuerdo a Mola, Fatala tuvo un manejo de la obra pública vial de Santa Cruz que no habían tenido sus predecesores y que no podía desconocer las alertas que recibió y debió haber atendido. También citó a José López sobre el “ya célebre dinero que arrojó al convento” y recordó la frase en la que dijo: “Ese dinero no me pertenecía. Ese dinero pertenecía a la política”. Fue el 11 de agosto de 2016.

Por último, el fiscal también abordó el homicidio de Fabián Gutiérrez, exsecretario privado de la vicepresidenta, en julio de 2020 en El Calafate. Recordó los dichos de López sobre él en la causa de los cuadernos de las coimas, en la que lo sindicó como “recaudador” y dijo que “era funcional a los dos”, a Néstor y a Cristina Kirchner. “Si me llamaba Fabián era porque Cristina se lo había ordenado. Fabián era Cristina”, había dicho López.

El fiscal coadyuvante Sergio Mola inició su descripción final apuntando al ex secretario de Obras Públicas José Francisco López y a su subordinado Abel Fatala, y de inmediato pasó al empresario Lázaro Báez.