El Gobierno de Javier Milei avanzó con la disolución del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), un organismo descentralizado que hasta ahora dependía de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía. A través del Decreto 1020/2024, publicado en el Boletín Oficial , se establece que el ENOHSA será disuelto en un plazo de 30 días, y sus recursos y funciones serán absorbidos por la Subsecretaría de Recursos Hídricos, que también forma parte de la misma Secretaría.
La medida responde a la necesidad de optimizar la administración de los recursos estatales y evitar la superposición de funciones entre diferentes organismos del Estado. De acuerdo con fuentes oficiales, el cierre de ENOHSA es parte de un plan más amplio del Gobierno para reducir el gasto público y mantener el equilibrio fiscal. En este sentido, las autoridades remarcaron que la disolución permitirá coordinar de manera más eficiente los proyectos de saneamiento y mejorar la concreción de obras de agua potable y cloacas sanitarias .
La decisión cuenta con el respaldo del presidente Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo . Además, se derogan las leyes y decretos que hasta el momento regulaban al ENOHSA, como la Ley N.º 24.583 y el Decreto N.º 107/97 . En su reemplazo, el Ministerio de Economía será el encargado de definir las nuevas normas que regularán las transferencias de bienes y funciones de este organismo.
La auditoría del ENOHSA reveló graves irregularidades
La disolución del ENOHSA fue precedida por una serie de graves irregularidades que salieron a la luz durante auditorías internas realizadas en los últimos meses. En particular, el ministro Luis Caputo calificó a ENOHSA como un "antro de corrupción" durante una entrevista con el periodista Luis Majul en La Nación+. Según Caputo, se descubrió que el ENOHSA manejaba una cantidad de proyectos mucho mayor que los que tenía la Subsecretaría de Recursos Hídricos, lo que ponía en evidencia una concentración de fondos y dificultaba la auditoría de las obras.
Las auditorías detectaron una serie de anomalías, como falta de documentación respaldatoria, retrasos en el avance de obras y la realización de compras directas sin licitación. Además, se hallaron proyectos paralizados y obras con plazos de ejecución vencidos. De un total de 158 obras auditadas, se identificaron deficiencias graves en 32, que involucraron tanto la ejecución de proyectos de agua potable como de saneamiento en distintas provincias como Santiago del Estero, Santa Fe y Neuquén.
El informe también advirtió que, en el 2022, las obras más retrasadas fueron aquellas relacionadas con la incorporación de beneficiarios al sistema de agua potable, que apenas habían alcanzado un 14.15% de ejecución. También se registraron demoras en el Plan Argentina Hace, con solo el 35,29% de ejecución de fondos.