La Corte Suprema rechazó el planteo de Pablo Otero, alias el "Señor Tabaco", y ratificó la validez del impuesto mínimo al tabaco. De este modo, declaró constitucional el cobro de un tributo interno sobre ese producto, por lo que la empresa Tabacalera Sarandí deberá pagar más de US$1.000 millones, según estimaciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la ARCA, tras años de cautelares que le permitieron evitar esa tasa.
La decisión del máximo tribunal pone fin a un extenso debate sobre el pago de este impuesto. El fallo revocó una resolución de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que había declarado inconstitucional el tributo interno mínimo fijado por la Ley 27.430 para productos de tabaco. Los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y los conjueces Mariano Llorens, Mario Boldú y Patricia Moltini revocaron la sentencia de la Sala IV de la Cámara de Casación Penal, que había invalidado la norma.
En su decisión, el tribunal sostuvo que Tabacalera Sarandí no acreditó afectación al derecho de propiedad ni la irrazonabilidad de la ley, y que su presentación careció de sustento fáctico y jurídico.
“La escueta y dogmática alegación de inconstitucionalidad de una ley, desprovista de sustento fáctico y jurídico consistente, no basta para que los jueces ejerzan la atribución […] que debe considerarse como última ratio del orden jurídico”, advirtieron los magistrados.
La Corte también remarcó que los impuestos son “un valioso instrumento de regulación” y que su diseño es una atribución exclusiva del Congreso. Además, desestimó la última maniobra de Otero, quien afirmó haberse acogido a un plan de regularización de pagos, pero sin presentar comprobantes.
El fallo subraya que la fijación de tributos como el impuesto mínimo al tabaco persigue no solo fines recaudatorios, sino también objetivos de salud pública, citando a la Organización Mundial de la Salud (OMS), que lo considera la medida más efectiva para reducir el consumo.
Cómo empezó el conflicto con Pablo Otero, el "Señor Tabaco"
El enfrentamiento judicial comenzó en 2018, cuando Otero impugnó la constitucionalidad del impuesto, alegando que era expropiatorio y perjudicaba a pequeñas empresas como la suya. Durante años obtuvo cautelares que le permitieron no pagar, lo que favoreció el crecimiento de Tabacalera Sarandí del 5,6% del mercado en 2016 al 38,4% en 2023, con marcas como Red Point, West, Kiel y Master.
Pese a que en la Ley Bases del actual gobierno el impuesto mínimo dejó de regir, el fallo sienta un precedente para el cobro de la deuda millonaria. La Corte fue categórica: “No hay otro desenlace posible que su desestimación” del planteo de inconstitucionalidad.
