El barrio San Ceferino III en Chivilcoy enfrenta una grave crisis habitacional que involucra a las autoridades provinciales encabezadas por Axel Kicillof. Desde 2025, documentos oficiales confirman que el gobierno bonaerense estaba al tanto de múltiples deficiencias estructurales en las viviendas entregadas, pero hasta la fecha no se ha brindado una solución concreta a las familias afectadas.
Las irregularidades incluyen problemas de humedad, filtraciones, fallas eléctricas, aberturas mal colocadas y desagües inexistentes, además de la ausencia de asfaltado y cordón cuneta, lo que genera anegamientos y dificulta el acceso durante lluvias. A pesar de que el Instituto de la Vivienda, organismo dependiente del ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano que dirige Silvina Batakis, fue informado formalmente en agosto y octubre de 2025, las viviendas continúan inhabitables y los adjudicatarios han tenido que afrontar reparaciones por sus propios medios.
La defensoría del Pueblo bonaerense, liderada por Guido Lorenzino, intervino en marzo de 2026 mediante la apertura de la Queja 8817/26, solicitando informes al Instituto de la Vivienda sobre el estado del expediente 2025-30494116. Sin embargo, la gestión se limitó a requerir información sin intimar a reparar las viviendas ni establecer responsabilidades claras, situación que también se evidencia en la actuación de la delegación local de la defensoría en Chivilcoy.
Ante la persistencia del conflicto, el Concejo Deliberante de Chivilcoy incorporó en junio de 2026 el expediente 1695-H, impulsado por el bloque Fuerza Chivilcoyana, para solicitar nuevamente detalles sobre el avance del expediente provincial. Esta cadena administrativa refleja que, pese a la existencia de múltiples denuncias y expedientes, no hay respuesta efectiva por parte del gobierno provincial ni de la cooperativa constructora.
Promesas incumplidas y sin concretar
La cooperativa ADECO, vinculada a la familia Maroa y representada públicamente por Gustavo Maroa, fue la encargada de ejecutar la obra en conjunto con el Instituto de la Vivienda. En actos oficiales de 2021 y 2023, tanto autoridades provinciales como municipales destacaron la construcción de las 36 viviendas, sin embargo, las promesas de soluciones y mejoras realizadas a los vecinos no se concretaron. Además, se cuestiona que las inspecciones previas a la entrega se hayan realizado con presencia de representantes de la propia constructora, lo que podría haber comprometido la transparencia y el control de calidad.
Según la documentación disponible, existen más de diez denuncias formales ante el Instituto de la Vivienda, cuatro expedientes vinculados al caso y dos presentaciones ante la defensoría del Pueblo. No obstante, aún se desconoce el detalle completo de las respuestas oficiales, certificaciones de obra y pagos realizados a ADECO, así como el rol exacto del municipio de Chivilcoy en el seguimiento y control del proyecto habitacional.
Mientras las familias continúan padeciendo problemas estructurales graves en sus hogares, la responsabilidad política recae sobre el gobernador Axel Kicillof, la ministra Silvina Batakis, el administrador del Instituto Diego Menéndez, el subadministrador Hernán Ralinqueo, el defensor del Pueblo Guido Lorenzino, la delegación local de la defensoría, el intendente Guillermo Britos y los responsables de ADECO. Todos ellos fueron notificados oficialmente y aún no brindan una solución que esté a la altura del daño sufrido por los adjudicatarios.
