El Senado de la Nación comenzó este jueves, a las 14.25, el debate del proyecto de protección de la propiedad privada, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional que propone desalojos más rápidos para inmuebles usurpados, cambios en el régimen de expropiaciones, modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego y nuevas herramientas para la regularización y digitalización de escrituras.
La sesión retoma una discusión que había quedado interrumpida el 16 de julio, cuando el oficialismo decidió postergar el tratamiento ante la falta de consenso sobre el capítulo referido a la extranjerización de tierras, que finalmente fue retirado del texto para facilitar su aprobación.
Cómo funcionarán los desalojos exprés
Uno de los ejes centrales del proyecto establece un procedimiento abreviado para recuperar inmuebles usurpados. La herramienta solo podrá aplicarse en casos de ocupaciones ilegales o tenencias precarias.
Según el texto, el propietario deberá acreditar con documentación que es titular del inmueble y solicitar la restitución. Si el juez considera que el derecho invocado resulta verosímil, podrá ordenar la entrega inmediata del inmueble, previa caución juratoria.
Además, el magistrado podrá intimar la devolución dentro de las 72 horas desde el pedido realizado por el propietario.
Qué cambia para los inquilinos
La iniciativa también introduce modificaciones para los conflictos derivados de contratos de alquiler. Cuando un inquilino acumule deuda, el propietario deberá enviar una carta documento o una notificación por correo electrónico, indicando el monto adeudado y el lugar de pago. A partir de esa comunicación, el locatario contará con 10 días corridos para regularizar la situación.
Si el incumplimiento continúa, el dueño podrá iniciar la demanda de desalojo y, según el proyecto, el procedimiento podrá concretarse en un plazo de 10 días hábiles.
La propuesta también aclara que el propietario no podrá negarse a recibir las llaves del inmueble ni imponer condiciones para aceptarlas, aunque conservará el derecho de reclamar judicialmente las deudas pendientes.
En los casos donde vivan menores de edad o personas en situación de vulnerabilidad, el juez deberá dar intervención a los organismos de protección correspondientes y disponer un plazo, que no podrá superar los 10 días, para garantizar una solución habitacional transitoria.
Cambios en las expropiaciones
Otro capítulo relevante modifica el régimen de expropiaciones. El proyecto establece que la declaración de utilidad pública deberá interpretarse de manera restrictiva y que el Estado tendrá que fundamentar expresamente las razones que justifican esa medida.
También fija un tope del 30% para la indemnización por lucro cesante, un límite que no figuraba en la versión original del proyecto. Además, determina que la indemnización deberá actualizarse según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más la tasa del Banco Nación para depósitos a 30 días.
La iniciativa dispone que la propiedad no podrá transferirse sin el pago previo de la indemnización, aunque habilita al Estado a solicitar la posesión anticipada del bien en determinadas circunstancias. En caso de desacuerdo sobre el valor, el juez podrá requerir un dictamen del Tribunal de Tasaciones de la Nación.
Qué cambia en la Ley de Manejo del Fuego
El proyecto también elimina parte de las restricciones incorporadas tras los incendios rurales. Se propone derogar el artículo que impedía durante 30 años cambiar el uso de campos incendiados en zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales y áreas periurbanas.
Para los bosques nativos, en cambio, continuará prohibido modificar el uso del suelo después de un incendio, aunque se elimina el plazo de 60 años que establecía la legislación vigente.
Escrituras digitales y regularización dominial
La iniciativa incorpora además medidas para modernizar los Registros de la Propiedad, habilitando la presentación de documentación digital en todo el país.
También modifica la denominada Ley Pierri, permitiendo acceder a la escritura de la vivienda única a quienes acrediten una posesión pública, pacífica e ininterrumpida durante al menos diez años.
Con el retiro de los artículos sobre venta de tierras a extranjeros y barrios populares, el oficialismo apuesta a conseguir los votos necesarios para convertir en ley una de las reformas que considera prioritarias dentro de su agenda legislativa.
