Una ley que llega al recinto con un texto que no deja de cambiar
El Senado afrontará este jueves una de las sesiones más sensibles de las últimas semanas. El oficialismo intentará conseguir la aprobación de la ley de propiedad privada, pero lo hará con una iniciativa que sigue acumulando modificaciones hasta último momento y con un escenario de votos que todavía no aparece asegurado.
El dato que más inquietud genera dentro del propio Congreso es que el proyecto ya suma 13 borradores posteriores al dictamen de comisión, una situación poco habitual para una ley de este nivel de impacto. Eso implica que varios senadores deberán analizar cambios incorporados sobre la marcha, incluso durante el tratamiento en el recinto.
La cantidad de versiones también provocó malestar entre asesores parlamentarios, que durante semanas trabajaron sobre un texto que terminó siendo modificado una y otra vez antes de llegar a la votación definitiva.
El artículo que concentra todas las miradas
La mayor controversia aparece en el capítulo referido a la adquisición de tierras rurales por parte de empresas con participación estatal extranjera.
El proyecto mantiene la prohibición para que los Estados extranjeros compren tierras rurales. Sin embargo, contempla una excepción para empresas con participación estatal extranjera, siempre que obtengan autorización de la provincia correspondiente y del Poder Ejecutivo Nacional.
El punto que abrió el debate es qué ocurre si esa autorización nunca llega.
El borrador establece que ese trámite quedará alcanzado por el régimen de "silencio administrativo" previsto en la Ley 19.549. En la práctica, una vez cumplidos los plazos legales y transcurrido el procedimiento establecido, el vencimiento del plazo operará como una autorización de pleno derecho.
Ese mecanismo comenzará a regir 180 días después de la entrada en vigencia de la ley, según el texto que será discutido.
¿Qué significa el "silencio administrativo"?
La Ley de Procedimiento Administrativo establece como regla general que el silencio de la Administración se interpreta como una negativa.
Sin embargo, el proyecto incorpora una excepción específica para este tipo de autorizaciones vinculadas a tierras rurales. De esa manera, si el Estado no responde dentro de los plazos previstos por el procedimiento, la autorización quedaría concedida automáticamente.
Precisamente esa modificación es la que despertó dudas incluso entre legisladores dialoguistas que acompañan habitualmente al oficialismo y que todavía analizan cómo votarán ese artículo.
Los cambios también alcanzan a las zonas de frontera
El mismo criterio aparece para la compra de inmuebles rurales ubicados en zonas de seguridad de frontera por parte de extranjeros.
En esos casos seguirá siendo necesaria la autorización provincial y nacional prevista por la normativa vigente, aunque el proyecto también incorpora el régimen de silencio administrativo para esos trámites.
Ese agregado pasó a ocupar el centro de la discusión política en la previa de la sesión.
Votos ajustados y una negociación que sigue hasta último momento
Mientras el Gobierno termina de contar apoyos para lograr el quórum y la mayoría necesaria, la negociación continúa abierta dentro del Senado.
Desde el oficialismo buscaron relativizar la sucesión de modificaciones al sostener que los cambios podrán explicarse durante el debate en el recinto. Sin embargo, varios legisladores cuestionan que una ley de semejante alcance llegue a votación con sucesivas reescrituras y artículos que siguen siendo objeto de negociación horas antes de la sesión.
Con ese escenario, el Senado definirá este jueves no sólo el futuro de la ley de propiedad privada, sino también si respalda un mecanismo que modifica la forma en que el Estado responde frente a autorizaciones vinculadas con la adquisición de tierras rurales por parte de actores extranjeros.
