El juez federal Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal, bancario y financiero de Claudio “Chiqui” Tapia y habilitó una serie de medidas para reconstruir la evolución de su patrimonio, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito. La resolución hizo lugar a las 20 medidas de prueba solicitadas por el fiscal federal Gerardo Pollicita.
La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por el empresario Guillermo Tofoni, quien cuestionó la evolución de los bienes e ingresos declarados por Tapia durante los años en los que ocupó cargos en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE).
Según la denuncia, el patrimonio y la liquidez declarados por Tapia habrían registrado un crecimiento significativo entre 2017 y 2024. Ese planteo será ahora contrastado con documentación fiscal, bancaria y patrimonial que deberá ser incorporada al expediente. Las cifras y cuestionamientos forman parte de la denuncia y todavía deben ser verificados por la Justicia.
Entre las medidas autorizadas se encuentra el acceso a las declaraciones juradas patrimoniales de Tapia correspondientes al período investigado. También se solicitarán informes a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y al Banco Central para reconstruir sus ingresos, bienes, cuentas y operaciones financieras.
La pesquisa también incluye pedidos de información a Migraciones, para conocer los movimientos de entrada y salida del país, y a la CONMEBOL, que deberá informar los cargos que ocupó Tapia en la entidad sudamericana y las remuneraciones que hubiera percibido por esas funciones.
La Fiscalía busca además determinar si durante el período analizado hubo operaciones con criptoactivos, transferencias de fondos desde o hacia el exterior u otras operaciones financieras que deban ser incorporadas al análisis patrimonial.
El objetivo de las medidas es establecer si existe correspondencia entre los bienes y fondos registrados por Tapia y los ingresos que declaró durante los años bajo investigación. Una vez reunida la información, la Fiscalía deberá analizarla para determinar si existen elementos que justifiquen nuevas medidas en el expediente.
La causa está vinculada con la actividad de Tapia en CEAMSE. El dirigente fue vicepresidente del organismo y posteriormente asumió su presidencia en representación de la provincia de Buenos Aires. Su función como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que es ad honorem, no constituye el objeto de esta investigación patrimonial.
La denuncia fue presentada en abril por Tofoni, quien mantiene otros conflictos judiciales con Tapia y con dirigentes de la AFA. La defensa del titular de la AFA rechazó las acusaciones y sostuvo que los señalamientos formulados en su contra son falsos.
Con la decisión de Lijo, la investigación entra ahora en una etapa de recolección y análisis de información patrimonial. El resultado de esas medidas deberá determinar si las inconsistencias denunciadas tienen sustento o si pueden ser explicadas por los ingresos y operaciones declarados por Tapia.
