Un nuevo conflicto político se abrió entre Tierra del Fuego y el Gobierno nacional luego de que un buque petrolero de bandera británica quedara amarrado en el puerto de Ushuaia.
Se trata del VS Promise, una embarcación dedicada al transporte de crudo que se encuentra en la terminal portuaria de la capital fueguina. La presencia del buque fue cuestionada por el Gobierno provincial, que consideró que la operación contradice las normas locales vinculadas con la soberanía sobre las Islas Malvinas.
La controversia tiene además un elemento político de fondo: el puerto de Ushuaia está bajo intervención del Gobierno nacional desde enero, a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), organismo que autorizó el amarre del petrolero, según la denuncia realizada por la Provincia.
Desde Tierra del Fuego calificaron la situación como “inadmisible” y cuestionaron que una embarcación con bandera británica pueda operar en el puerto de la capital provincial, teniendo en cuenta que la legislación local establece restricciones para los buques vinculados con el Reino Unido.
La Provincia recordó que Tierra del Fuego incluye constitucionalmente dentro de su territorio a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por lo que consideró especialmente sensible que un buque británico opere en Ushuaia.
El Ejecutivo fueguino también apuntó contra la situación institucional del puerto. La terminal pertenece a la provincia, pero desde enero se encuentra bajo administración nacional, un escenario que ya generó fuertes diferencias entre ambos gobiernos.
La respuesta del Gobierno nacional
La Casa Rosada salió rápidamente a responder al planteo fueguino. El vocero presidencial Adrián Ravier aseguró que el amarre del buque no representa una pérdida de soberanía para la Argentina y sostuvo que la operación contó con las autorizaciones correspondientes.
Además, planteó una versión diferente sobre la intervención de las autoridades fueguinas. Según explicó, antes del amarre también habría sido necesaria una autorización del Gobierno de Tierra del Fuego, debido a que la monoboya utilizada para la operación es de jurisdicción provincial.
De esta manera, el Gobierno nacional buscó desactivar el planteo de la Provincia y negó que la presencia del buque pueda interpretarse como una cesión o afectación de la soberanía argentina.
La discusión quedó así planteada en dos niveles. Por un lado, Tierra del Fuego cuestiona que un buque de bandera británica opere en Ushuaia y considera que esa situación entra en contradicción con las normas provinciales y con el reclamo argentino por Malvinas.
Por el otro, Nación sostiene que la operación fue autorizada dentro del marco correspondiente y que no existe ningún riesgo para la soberanía.
El VS Promise, mientras tanto, permanece amarrado en Ushuaia y se convirtió en el nuevo punto de una disputa que vuelve a poner en primer plano la cuestión Malvinas, pero que también expone las diferencias entre el Gobierno nacional y la administración de Gustavo Melella por el control y funcionamiento del puerto fueguino.
El episodio ocurre además en un contexto de creciente sensibilidad política alrededor de la presencia británica en el Atlántico Sur. La discusión por el petrolero suma ahora una nueva dimensión: la disputa entre Nación y Tierra del Fuego por quién autorizó su llegada y bajo qué marco legal puede operar en el puerto de Ushuaia.
