La Cámara Nacional Electoral advirtió al Congreso que se acortan los tiempos para definir eventuales reformas que deberán aplicarse en las elecciones de 2027 y pidió que las modificaciones al sistema electoral sean resueltas con la suficiente anticipación.
El planteo fue realizado mediante la Acordada Extraordinaria 155, firmada por los jueces Alberto Ricardo Dalla Via, Santiago Hernán Corcuera y Daniel Bejas. Los magistrados señalaron que existen en el Congreso distintos proyectos vinculados con el régimen electoral, los partidos políticos y el financiamiento de las campañas que están en condiciones de ser tratados.
La Cámara puso el foco en que algunas de esas iniciativas implican cambios importantes en la organización de los comicios, por lo que su eventual aprobación no solo requiere tiempo para el debate legislativo, sino también para preparar su implementación.
Entre los proyectos pendientes aparece la reforma política impulsada por el Gobierno, que propone eliminar las PASO y modificar aspectos del funcionamiento de los partidos y del financiamiento electoral, además de incorporar cambios vinculados con la Boleta Única de Papel y Ficha Limpia. La iniciativa tiene 79 artículos y todavía debe reunir los consensos necesarios para avanzar en el Congreso.
Para la Justicia Electoral, las modificaciones que involucren cuestiones como la selección de candidatos, los requisitos para los partidos, el instrumento de votación o los mecanismos de control del financiamiento requieren una planificación previa. También deben coordinarse con los juzgados federales con competencia electoral de todo el país y con las propias agrupaciones políticas.
La advertencia se relaciona con los tiempos propios de un proceso electoral. La Cámara recordó que las actividades preelectorales están sujetas a plazos que no pueden extenderse una vez establecidos, por lo que una reforma aprobada sobre la fecha límite puede generar dificultades para ponerla en práctica.
Los magistrados también mencionaron un antecedente reciente: la suspensión de las PASO para las elecciones legislativas de 2025. Aquella modificación fue aprobada por el Congreso en marzo de ese año y obligó a los partidos a adaptar sus mecanismos internos para seleccionar candidatos.
Según recordó la Cámara, prácticamente todas las agrupaciones terminaron definiendo sus candidatos sin recurrir al voto directo de sus afiliados, con una excepción correspondiente a una alianza integrada por 626 partidos. Para los jueces, esa experiencia mostró la importancia de contar con tiempo suficiente cuando se modifican las reglas electorales.
La Cámara aclaró expresamente que su pronunciamiento no implica una valoración sobre el contenido ni sobre la conveniencia política de los proyectos que están siendo discutidos en el Congreso. El planteo está concentrado en las condiciones necesarias para garantizar que cualquier reforma pueda aplicarse correctamente.
En ese sentido, los magistrados remarcaron que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar el ejercicio efectivo del derecho al voto y que la Justicia Electoral debe asegurar la aplicación de las normas que permiten a los ciudadanos ejercer sus derechos políticos.
La Acordada fue comunicada al Congreso, a la Vicejefatura de Gabinete del Interior, a la Dirección Nacional Electoral, a los juzgados federales con competencia electoral y al Consejo Consultivo de Partidos Políticos.
Mientras tanto, el Gobierno busca avanzar con su proyecto de reforma política. La Casa Rosada pretende conseguir una primera aprobación en el Congreso durante septiembre y trabaja en la búsqueda de acuerdos con los bloques aliados para reconstruir las mayorías necesarias.
Además de la eliminación de las PASO, la iniciativa contempla modificaciones al régimen de partidos políticos, al financiamiento de las campañas, la implementación de cambios en la Boleta Única de Papel y la incorporación de Ficha Limpia. También propone modificar el mecanismo de elección de los representantes argentinos ante el Parlamento del Mercosur, que pasarían a ser designados de manera indirecta por el Congreso.
La advertencia de la Cámara Electoral llega así mientras el Congreso todavía debe definir qué reformas finalmente serán aprobadas y con qué alcance, pero con un calendario electoral que, según los jueces, deja cada vez menos margen para implementar cambios de fondo.
