El Gobierno nacional modificó la Ley de Migraciones mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 681/2026, que incorpora nuevas causales para impedir el ingreso al país o cancelar la residencia de ciudadanos extranjeros que promuevan mensajes de odio, discriminación o violencia contra los argentinos por su nacionalidad, además de quienes participen en actos de ultraje a los símbolos patrios.
La norma, publicada este jueves en el Boletín Oficial, modifica los artículos 29, 62 y 63 de la Ley 25.871. Según el Poder Ejecutivo, el objetivo es fortalecer las herramientas del Estado para proteger "al pueblo argentino, su cultura y su identidad nacional" frente a conductas consideradas incompatibles con la convivencia democrática.
El anuncio fue acompañado por un comunicado de la Oficina del Presidente, que vinculó la decisión con las "recientes manifestaciones de hostilidad" contra la Argentina.
"Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país", sostuvo el Gobierno.
Con el nuevo decreto, el artículo 29 de la Ley de Migraciones incorpora una nueva causal para rechazar el ingreso de extranjeros que hayan difundido mensajes de odio, de manera oral o escrita, contra el pueblo argentino o contra un ciudadano argentino por su nacionalidad.
La restricción también alcanza a quienes hayan incitado a la violencia contra argentinos por ese motivo, así como a quienes hayan participado o promovido actos de ultraje a los símbolos patrios nacionales.
Esas mismas causales fueron incorporadas al artículo 62 de la norma, por lo que también podrán utilizarse para cancelar la residencia de extranjeros que ya se encuentren en el país.
En esos casos, las autoridades podrán intimar a la persona a abandonar el territorio nacional dentro del plazo que se establezca o disponer directamente su expulsión.
Además, el decreto modifica el artículo 63 y dispone que, antes de adoptar esa medida, deberán analizarse las circunstancias personales y los antecedentes de cada caso, para definir si corresponde la expulsión o una intimación para salir del país.
Uno de los aspectos que genera mayor debate es que el texto no define con precisión qué conductas o expresiones quedarán comprendidas dentro de las nuevas causales.
En lugar de enumerar situaciones específicas, utiliza conceptos generales como "mensajes de odio", "actos de hostilidad y menosprecio", "incitación a la violencia" y "ultraje a los símbolos patrios", cuya aplicación dependerá de la interpretación de las autoridades migratorias y, eventualmente, de la revisión de la Justicia.
Al mismo tiempo, el DNU incorpora una cláusula para resguardar la libertad de expresión.
La norma establece que las críticas políticas, académicas, ciudadanas o el disenso ideológico no podrán ser consideradas causales de inadmisión o expulsión, siempre que constituyan un ejercicio legítimo de los derechos garantizados por la Constitución Nacional.
En los fundamentos del decreto, el Gobierno argumentó que en los últimos años crecieron los mensajes de odio y los actos de hostilidad dirigidos contra el pueblo argentino, su cultura y su identidad nacional, y sostuvo que esas conductas representan un riesgo para la convivencia y la paz social, razones por las cuales decidió endurecer las condiciones para el ingreso y la permanencia de extranjeros en el país.
