La Justicia avanzó un nuevo paso en la ejecución patrimonial de la condena de Cristina Kirchner en la causa Vialidad. El Tribunal Oral Federal N°2 notificó al Registro de la Propiedad Inmueble el embargo preventivo que pesa sobre el departamento de la calle San José 1111, donde la expresidenta cumple actualmente prisión domiciliaria.
La medida había sido dispuesta por el tribunal el pasado 12 de agosto, pero este jueves quedó formalmente comunicada al organismo registral. De esta manera, el embargo pasa a quedar asentado sobre el inmueble en los registros correspondientes.
El departamento integra el patrimonio de Los Sauces S.A., una de las sociedades vinculadas a la familia Kirchner. La resolución del tribunal también alcanzó otros bienes relacionados con esa firma y con Hotesur S.A., cuyas acciones están actualmente en manos de Máximo y Florencia Kirchner.
La decisión se enmarca en la etapa de ejecución de la condena por la causa Vialidad y busca preservar los activos que podrían ser utilizados para cumplir con el decomiso fijado por la Justicia, cuyo monto actualizado asciende a casi $685.000 millones.
El pedido para avanzar sobre los bienes fue impulsado por el fiscal Diego Luciani, quien busca garantizar que existan activos suficientes para hacer efectivo el recupero económico establecido en la sentencia. Entre los bienes alcanzados por las medidas figuran, además del departamento de San José 1111, propiedades ubicadas en el Complejo Madero Center, un hotel en El Chaltén y otros inmuebles situados en El Calafate y Río Gallegos.
El alcance del embargo
La inscripción del embargo no significa que Cristina Kirchner haya perdido automáticamente la propiedad del inmueble ni que deba abandonar la vivienda donde cumple prisión domiciliaria. Se trata de una medida cautelar destinada a preservar el bien frente al eventual decomiso. El objetivo es evitar que los activos alcanzados por la ejecución patrimonial puedan ser vendidos, transferidos o afectados mientras avanza el proceso.
En el caso del departamento de San José 1111, además, existe una particularidad: es el lugar que la Justicia autorizó como domicilio para que la expresidenta cumpla la condena de seis años de prisión impuesta en la causa Vialidad. La sentencia consideró a Cristina Kirchner responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado por el esquema de adjudicación de obras públicas a empresas vinculadas al empresario Lázaro Báez durante los gobiernos kirchneristas.
El monto que ahora se busca recuperar fue actualizado por la Justicia y quedó firme después de que la Corte Suprema rechazara los recursos presentados por las defensas contra la cifra del decomiso. El monto establecido es de $684.990.350.139,86.
Por eso, la inscripción del embargo constituye un nuevo movimiento dentro de una etapa que ya no discute la condena penal, sino cómo hacer efectivo el recupero patrimonial ordenado por la Justicia.
La medida sobre el departamento se suma así al resto de los bienes alcanzados por las cautelares y mantiene abierta una disputa patrimonial que continuará mientras los tribunales avanzan sobre los activos vinculados con los condenados en la causa Vialidad.
