El Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3 condenó este lunes a empresarios, despachantes de aduana y operadores logísticos por integrar la organización criminal investigada en la causa conocida como la "Mafia de los Contenedores", dedicada al contrabando mediante documentación falsa. Según la investigación, las maniobras provocaron un perjuicio fiscal superior a los 18 millones de dólares entre agosto de 2015 y enero de 2016.
Los jueces Alejandro Zabala, Karina Perilli y Fernando Machado Pelloni impusieron penas de siete años de prisión a Walter Moglianesi, Miguel Ángel Elnen y José María Zaragoza, considerados coautores del delito de contrabando agravado. Además, Jorge Carlos Fano, titular de TT Cargo S.A., y Eduardo Urraco fueron condenados a seis años de cárcel, mientras que otros integrantes de la organización recibieron penas de entre cuatro años y cinco años y diez meses de prisión.
La sentencia también dispuso la cancelación de la personería jurídica y de la inscripción registral de las empresas TT Cargo S.A. y Cuiper S.A., al considerar que fueron utilizadas para concretar las maniobras ilícitas. Asimismo, el tribunal rechazó todos los planteos de nulidad presentados por las defensas.
Durante el juicio se acreditó que la organización operaba mediante un doble circuito documental. Mientras los documentos originales emitidos en China consignaban el envío de telas y prendas de vestir, en la Argentina se confeccionaba documentación paralela en la que la mercadería era declarada como carbonato de calcio, un producto con una carga tributaria considerablemente menor.
Según la investigación, este mecanismo permitió concretar 31 operaciones de importación y frustró un intento adicional detectado en el puerto de Buenos Aires. Para la fiscalía, la estructura funcionaba con tareas claramente distribuidas y documentación adulterada destinada a engañar a la Aduana.
El caso es considerado una de las investigaciones más relevantes sobre maniobras de subfacturación y utilización de empresas pantalla para importar mercadería desde Asia eludiendo controles y tributos. La causa fue impulsada durante la gestión de Juan José Gómez Centurión al frente de la Dirección General de Aduanas y tramitó ante el juez Marcelo Aguinsky, la fiscal Gabriela Ruiz Morales y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).
