El Tribunal Oral Federal N°4 condenó este lunes a Julio De Vido y José López a cinco años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por los delitos de administración fraudulenta contra el Estado y cobro de sobornos en el marco de la causa conocida como caso Skanska. La sentencia también alcanzó a ex directivos de la empresa sueca y a otros intermediarios vinculados con la maniobra investigada. En total, 30 personas llegaron al juicio oral, de las cuales 17 resultaron absueltas.
Entre los condenados figuran Mario Piantoni, ex responsable regional de Skanska; Gustavo Vago, expresidente de la compañía en Argentina; y Javier Azcárate, exgerente comercial, quienes recibieron penas de cuatro años de prisión. En tanto, Eduardo Varni, Héctor Obregón, Juan Carlos Bos, Alejandro Gerlero y Roberto Antonio Zareba fueron condenados a tres años de prisión en suspenso. El fallo fue dictado por los jueces Jorge Gorini, Guillermo Costabel y María Gabriela López Iñiguez, integrantes del Tribunal Oral Federal N°4.
La causa Skanska fue el primer gran expediente por presunta corrupción que involucró a funcionarios del kirchnerismo. La investigación analizó un supuesto esquema de pago de sobornos y sobreprecios para adjudicar las obras de ampliación de dos gasoductos durante 2004. Según determinó la Justicia, la empresa habría direccionado licitaciones y canalizado el pago de coimas mediante un sistema de facturación apócrifa, utilizando más de una veintena de empresas fantasma que simulaban la prestación de servicios inexistentes para justificar las erogaciones. En este contexto, uno de los elementos centrales de la investigación fue una grabación realizada dentro de la propia compañía, en la que un ejecutivo hacía referencia al pago de sobornos para garantizar la obtención de las obras.
La condena se suma a los antecedentes judiciales de Julio De Vido, quien ya cuenta con una sentencia firme por la tragedia ferroviaria de Once. En noviembre de 2025, la Corte Suprema dejó firme esa condena y estableció una pena de cuatro años de prisión por administración fraudulenta.
