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La Corte aprobó un protocolo médico para evaluar pedidos de prisión domiciliaria por razones de salud

El nuevo protocolo establece evaluaciones comunes sobre el estado de salud de los detenidos y las posibilidades reales de recibir tratamiento dentro de las cárceles federales. Será una herramienta para los magistrados, que conservarán la decisión sobre cada pedido.

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Martes, 17 de noviembre de 2026 a las 08:14
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La Corte Suprema aprobó el protocolo elaborado por el Cuerpo Médico Forense para evaluar pedidos de prisión domiciliaria vinculados con problemas de salud.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación aprobó un nuevo protocolo médico destinado a unificar los criterios técnicos y científicos utilizados para evaluar los pedidos de prisión domiciliaria por razones de salud de personas detenidas en establecimientos federales.

La medida fue establecida mediante la Resolución 2867/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial y firmada por los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.

El documento, elaborado por el Cuerpo Médico Forense, establece un procedimiento común para analizar dos cuestiones centrales: cuál es el estado de salud del detenido y si la cárcel en la que permanece alojado tiene las condiciones necesarias para brindarle el tratamiento que necesita.

El objetivo es que los jueces cuenten con elementos médicos y técnicos comparables al momento de resolver si corresponde conceder una detención domiciliaria.

El protocolo no determina automáticamente quién debe acceder al beneficio ni reemplaza la decisión de los magistrados. Funcionará como una herramienta de orientación y podrá complementarse con otros informes o medidas que cada juez considere necesarios de acuerdo con las características del caso.

 

Qué deberán evaluar los médicos

El procedimiento se aplicará a personas mayores de 18 años, procesadas o condenadas, que estén alojadas en establecimientos dependientes del Servicio Penitenciario Federal.

La evaluación estará dividida en dos grandes ejes.

El primero será estrictamente médico y buscará establecer el estado de salud de la persona detenida mediante los exámenes, estudios e informes correspondientes.

El segundo analizará las condiciones concretas de detención. En este punto deberá determinarse si el establecimiento penitenciario dispone de infraestructura y prestaciones suficientes para realizar el tratamiento indicado para la enfermedad o condición que presenta el detenido.

Las autoridades penitenciarias, además, tendrán que proporcionar información documentada sobre la persona y el tratamiento que recibe.

El protocolo incorpora también un sistema de cinco categorías destinado a uniformar las conclusiones de las evaluaciones médicas y contempla mecanismos para relevar los servicios sanitarios existentes dentro de las cárceles y actualizar periódicamente los criterios técnicos.

 

La decisión seguirá en manos de cada juez

La elaboración del protocolo había sido ordenada por la propia Corte el 21 de agosto de 2026, mediante la Acordada 21/2026.

En aquel momento, el máximo tribunal encomendó al Cuerpo Médico Forense desarrollar una herramienta que permitiera a los magistrados contar con “mejores elementos de juicio al momento de decidir acerca de la procedencia de una prisión domiciliaria por razones de salud”.

La Corte aclaró entonces que las evaluaciones médicas funcionan como orientación y no impiden que los jueces soliciten otros informes o analicen condiciones adicionales antes de resolver.

Con la aprobación del nuevo procedimiento, las evaluaciones deberán considerar no solamente el diagnóstico del detenido, sino también si la patología puede ser tratada adecuadamente dentro de la cárcel en la que se encuentra alojado.

Según explicó el máximo tribunal, este abordaje permitirá estandarizar el trabajo de los especialistas médicos y realizar un análisis particular de cada caso de acuerdo con las prestaciones y la infraestructura efectivamente disponibles en cada establecimiento penitenciario.

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