El debate comienza este miércoles
El proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional comenzará a ser discutido este miércoles 30 de septiembre en la Cámara de Diputados. El plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto fue convocado para las 12 y el cronograma contempla avanzar hasta el martes 6 de octubre, cuando está previsto que se firmen los dictámenes.
La iniciativa fue enviada por el Gobierno al Congreso el pasado 17 de septiembre y plantea modificaciones vinculadas con la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas y los espacios marítimos e insulares circundantes, pero también incorpora un conjunto de disposiciones relacionadas con seguridad nacional, inteligencia, defensa y financiamiento político.
El oficialismo tendrá la conducción de las tres comisiones que participarán del debate. Carlos Zapata preside Defensa, Laura Rodríguez Machado está al frente de Legislación Penal y Juliana Santillán conduce Relaciones Exteriores.
Qué cambia con la iniciativa oficial
Uno de los principales puntos del proyecto es el endurecimiento de las penas por la explotación o cooperación para la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas y los espacios marítimos e insulares circundantes. Las sanciones podrían alcanzar los 20 años de prisión, además de establecerse inhabilitaciones para operar en Argentina.
La iniciativa reemplaza la actual Ley 26.659 y amplía el alcance de las prohibiciones, que dejarían de estar concentradas únicamente en los hidrocarburos para abarcar cualquier aprovechamiento no autorizado por Argentina de recursos naturales renovables y no renovables.
También propone crear un registro público de infractores, con la prohibición para el Estado y los particulares de contratar con quienes figuren allí.
Otro de los cambios previstos es la incorporación del juicio en ausencia para los delitos contemplados por la nueva normativa.
Pero el proyecto no se limita a la cuestión de los recursos naturales vinculados con Malvinas.
Un Consejo de Seguridad con amplias facultades
La iniciativa propone crear un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el Presidente e integrado de manera permanente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica.
El organismo tendría a su cargo la coordinación estratégica de áreas diplomáticas, económicas, militares, jurídicas, cibernéticas y de inteligencia, además de intervenir en la protección de infraestructuras críticas.
El proyecto también contempla que el Consejo pueda disponer medidas urgentes ante una amenaza grave e inminente.
Entre las facultades previstas aparecen la posibilidad de restringir operaciones cambiarias y financieras, bloquear temporalmente fondos y activos, suspender autorizaciones o contrataciones, restringir importaciones y exportaciones y elevar temporalmente derechos aduaneros.
La iniciativa incorpora además protocolos que contemplan, como último recurso y después de agotar otras instancias, el derribo de aeronaves y hundimiento de buques considerados hostiles.
Los cambios que alcanzan a la política y la información
El proyecto también establece restricciones sobre el financiamiento político. En particular, prohíbe aportes económicos de extranjeros sin residencia permanente y de personas jurídicas extranjeras a partidos y campañas políticas.
A su vez, incorpora delitos relacionados con la revelación de secretos a Estados o servicios de inteligencia extranjeros, la colaboración material con operaciones clandestinas de inteligencia y determinadas acciones financiadas desde el exterior.
Entre ellas aparecen las destinadas a alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva, además de promover o financiar actos de violencia o sabotaje.
La propuesta también redefine las funciones de la Defensa Nacional y habilita su intervención en seguridad interna ante amenazas externas, tanto estatales como no estatales.
Otro de los puntos es la incorporación por ley del Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). El mecanismo contempla la inmovilización de bienes y la prohibición de operaciones económicas o financieras con personas y entidades inscriptas por su vinculación con el terrorismo o su financiamiento.
La oposición habla de un “caballo de Troya”
Los alcances de la iniciativa generaron cuestionamientos desde la oposición. El diputado nacional de Unión por la Patria, Juan Marino, participó de una audiencia informativa realizada en la Cámara baja bajo el título “¿Soberanía o patio trasero?” y cuestionó el contenido del proyecto.
“Así mueren las democracias en América. Estamos ante un plan continental de contrainsurgencia y terrorismo de Estado comandado por Donald Trump y Marco Rubio, que tiene su expresión en el Consejo de Seguridad Nacional”, sentenció Marino.
El diputado sostuvo que existe una articulación entre las disposiciones vinculadas con Malvinas y las relacionadas con seguridad nacional.
“Es una extorsión política por Malvinas, orquestada por Santiago Caputo, metiendo las sanciones por Malvinas en el mismo proyecto que el Consejo de Seguridad Nacional para que votar en contra parezca votar contra Malvinas”, afirmó.
Marino también sostuvo: “Su objetivo es entregarnos al gobierno de Estados Unidos”, y caracterizó la iniciativa como un “caballo de Troya”.
Las advertencias sobre el RePET
Entre los aspectos cuestionados por el legislador aparece el funcionamiento previsto para el registro de personas y entidades vinculadas al terrorismo.
Marino advirtió que el RePET pasaría a estar incorporado por ley y cuestionó que una inscripción pudiera producirse por la existencia de “motivos razonables para sospechar” y sin una causa penal.
“Con la sola inscripción se congelan los bienes, sin orden judicial previa, y el artículo 126 garantiza impunidad a quien los congele aunque después se demuestre que no correspondía. A eso se suma un nuevo delito, con penas de 5 a 12 años de prisión, por 'manipular la opinión pública' con financiamiento extranjero”, alertó.
El diputado también observó disposiciones relacionadas con radares y cooperación con otros Estados.
Marino señaló que el proyecto “integra radares de otros países al sistema nacional, permite instalar radares militares en cualquier provincia sin aprobación de la jurisdicción y habilita la coordinación con Estados extranjeros sobre nuestro propio territorio”.
El debate en Diputados comenzará este miércoles y continuará durante los próximos días, con las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto como escenario de una discusión que tendrá como punto de partida la cuestión de Malvinas, pero que también incluye disposiciones sobre seguridad, inteligencia, defensa, financiamiento político y operaciones económicas.
