El Gobierno mantiene frenado el envío al Congreso de la reforma del Código Penal, pese a que el proyecto ya fue girado para su revisión final, en medio de diferencias internas y desacuerdos sobre puntos sensibles del texto.
La iniciativa fue elaborada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien ya la remitió a la Secretaría de Legal y Técnica. Sin embargo, en la Casa Rosada admiten que el avance quedó trabado por observaciones técnicas y falta de consenso político dentro del oficialismo.
El nuevo borrador es una versión más acotada del original —que había llegado a tener cerca de 900 páginas— y busca concentrarse en aspectos con mayor viabilidad legislativa. Aun así, el proyecto no logra destrabarse.
En el trasfondo aparece una disputa interna entre sectores del Gobierno, particularmente entre el entorno de Karina Milei y el del asesor presidencial Santiago Caputo, que también impacta en la definición del contenido y el momento de envío al Congreso.
Aunque desde el Ministerio de Justicia sostienen que el proyecto podría salir en los próximos días, en otros despachos oficiales reconocen que la discusión excede lo técnico y se vincula con el control político de áreas clave, incluida la influencia sobre Legal y Técnica, encabezada por María Ibarzabal.
En cuanto al contenido, el texto mantiene capítulos que el oficialismo considera más defendibles, como la tipificación de delitos específicos: estafas piramidales, “viudas negras”, entraderas, salideras, motochorros, grooming, abuso sexual infantil, picadas ilegales, delitos con armas en cárceles y maltrato animal.
Sin embargo, los mayores desacuerdos aparecen en temas más sensibles, como corrupción, lavado de dinero y delitos de lesa humanidad, que siguen bajo debate y son los que hoy frenan una definición.
La discusión también reavivó una duda dentro del Ejecutivo: avanzar con una reforma integral o enviar proyectos parciales por etapas, una estrategia que aún no tiene resolución.
En el Gobierno aseguran que la reforma no está descartada, pero reconocen que su envío depende de ordenar primero la interna y definir el alcance final del proyecto. Por ahora, el texto sigue en revisión y sin fecha confirmada para llegar al Congreso.
