El presidente, Javier Milei, enviará en las próximas horas al Congreso un proyecto de ley para habilitar el pago del acuerdo alcanzado con fondos que aún litigaban contra la Argentina por la deuda en default de 2001.
Según confirmaron fuentes oficiales, el texto ya se encuentra en revisión en la Secretaría de Legal y Técnica y será girado al Parlamento en las próximas horas. La decisión de avanzar por la vía legislativa apunta a darle respaldo institucional a un entendimiento que ya fue firmado, pero que requiere aval del Congreso para su implementación.
La base del acuerdo quedó asentada en una presentación judicial del 10 de abril ante la jueza Loretta Preska, en tribunales de Nueva York. Allí, los abogados del país informaron que el 1 de abril se firmó un acuerdo definitivo con los acreedores, sujeto a aprobación parlamentaria.
El caso involucra a los fondos Bainbridge Fund y Attestor, que mantenían fallos firmes contra nuestro país por la cesación de pagos declarada en 2001. Los reclamos rondaban los 600 millones de dólares, aunque en el Gobierno aseguran que el monto final sería menor por ejecuciones previas sobre garantías.
Desde el Ejecutivo evitan precisar detalles sobre la modalidad de pago y sostienen que los términos del acuerdo se mantienen bajo confidencialidad. No obstante, destacan que la negociación permitió frenar, al menos temporalmente, otras acciones judiciales en Estados Unidos, entre ellas intentos de embargo sobre activos estatales como el Banco Nación y Aerolíneas Argentinas.
La estrategia oficial busca cerrar uno de los litigios remanentes del default con respaldo político, reduciendo el riesgo de futuras impugnaciones. El movimiento se da en paralelo a otros frentes judiciales internacionales, como la causa por YPF, donde la Argentina obtuvo recientemente un fallo favorable en instancia de apelación.
En la Casa Rosada señalan que el objetivo es combinar defensa judicial y resolución política de los conflictos abiertos, avanzando en acuerdos cuando las condiciones lo permiten. El proyecto que será enviado al Congreso se inscribe en esa lógica y apunta a cerrar un capítulo que lleva más de dos décadas abierto.
