El Gobierno envió al Congreso el proyecto de ley para habilitar el pago del acuerdo con los fondos que aún litigaban contra la Argentina por la deuda en default de 2001, en un paso clave para cerrar uno de los conflictos financieros que se arrastran desde hace más de dos décadas.
La iniciativa lleva la firma del presidente, Javier Milei, junto al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El objetivo es darle respaldo parlamentario a un entendimiento que ya fue firmado y que ahora requiere aprobación legislativa.
El acuerdo involucra a los fondos Bainbridge Fund y Attestor, que mantenían fallos firmes contra el país. Si bien los reclamos originales rondaban los 600 millones de dólares, fuentes del caso aseguran que el monto final será menor.
Según el entendimiento alcanzado, la Argentina abonará a Bainbridge un pago único de 67 millones de dólares, lo que implicará la cancelación total de los reclamos vinculados a esos bonos. A cambio, el fondo entregará los títulos en cuestión y desistirá de futuras acciones judiciales.
La base legal del acuerdo había sido informada el 10 de abril ante la jueza Loretta Preska, en tribunales de Estados Unidos, donde se notificó que el convenio firmado el 1 de abril quedaba sujeto a la aprobación del Congreso argentino.
Uno de los puntos centrales del acuerdo es que establece una suspensión de los litigios en curso y el compromiso de no iniciar nuevas demandas vinculadas a los bonos incluidos. Además, Bainbridge se compromete a no obstaculizar futuras operaciones financieras del país, como emisiones de deuda o reestructuraciones.
El entendimiento también permitió frenar medidas de embargo que estaban en marcha en Estados Unidos, entre ellas intentos de avanzar sobre activos estatales como el Banco Nación y Aerolíneas Argentinas.
Desde el oficialismo sostienen que avanzar por la vía legislativa busca reducir el riesgo de futuras impugnaciones y otorgar mayor solidez política al acuerdo. La estrategia apunta a cerrar uno de los capítulos pendientes del default de 2001 con un respaldo institucional más amplio.
