El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales leyeron este martes, en Plaza de Mayo, el documento central de la cuarta Marcha Federal Universitaria, titulado "203 días sin aplicar la ley. Por la universidad pública y en defensa de la democracia". El texto, firmado por seis organizaciones gremiales docentes, expone con números el impacto del ajuste sobre el sistema universitario y cierra con un pedido directo a la Corte Suprema de Justicia.
El eje del reclamo es el incumplimiento de la Ley N° 27.795 de Financiamiento Universitario por parte del Ejecutivo. Las cifras son contundentes: las transferencias a universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026, y el poder adquisitivo de las partidas para gastos de funcionamiento no superó en ningún mes el 64% del valor que tenían en enero de 2023. El equivalente a casi nueve meses de transferencias se habría perdido durante esta administración.
El deterioro salarial también ocupa un lugar central. Entre diciembre de 2023 y marzo de 2026, la inflación acumuló 293,30% mientras que los salarios del sector crecieron 147,30%, lo que representa una pérdida de poder adquisitivo del 37,13%, equivalente a aproximadamente 10,9 salarios en ese período. "Los salarios universitarios se encuentran en su nivel más bajo de los últimos 23 años y en uno de los más bajos desde el retorno de la democracia", advierte el texto, que agrega que son los peores salarios del Estado nacional y los más bajos de América Latina. Esa caída, señala el documento, arrastra también a las obras sociales y los haberes jubilatorios del sector.
Las consecuencias se extienden a los estudiantes. Las Becas Progresar permanecen congeladas frente a la inflación, las Becas Estratégicas Manuel Belgrano atraviesan incertidumbre y desfinanciamiento, y las becas de vocaciones científicas (EVC) fueron suspendidas. El documento advierte que este cuadro expulsa estudiantes del sistema y profundiza las desigualdades sociales.
Más allá de los números, el escrito plantea una ruptura institucional: "Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se rompe no es solo lo relativo al presupuesto universitario, es el contrato social que nos mantiene libres y en un estado de derecho", sostiene.
Hacia el cierre, la declaración interpela directamente a la Corte Suprema: le piden que "escuche el clamor de las plazas de toda la república y no permita que el Gobierno nacional siga incumpliendo la Ley de Financiamiento Universitario", en el marco del recurso que el Ejecutivo presentó para que el máximo tribunal se expida sobre la normativa.
"La universidad argentina, pública, gratuita y federal, es un valioso logro de muchas generaciones y una extrema responsabilidad a preservar", cerraron.
