La morosidad de las familias argentinas llegó al 11,2% en febrero, su nivel más alto en dos décadas. El indicador acumuló 16 meses de subas consecutivas y superó los registros de la pandemia, ubicándose en máximos que no se veían desde 2004. Respecto de los valores mínimos reportados a fines de 2024, la morosidad se multiplicó por cuatro.
El deterioro afectó de manera uniforme a casi la totalidad de los bancos y plataformas de crédito del país. Los analistas señalan que las carteras irregulares avanzan principalmente en los segmentos de financiamiento al consumo corriente y de montos menores, lo que evidencia que una porción creciente de la población recurre a líneas de crédito para cubrir necesidades básicas de subsistencia.
El fenómeno tiene causas concretas: la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, el retroceso del empleo formal privado y el persistente cierre de pequeñas y medianas empresas configuran un escenario contractivo que deja a los hogares sin margen para afrontar sus compromisos financieros.
El impacto también se refleja en el Índice de Vulnerabilidad Familiar del Congreso (IVFC), que encadenó 10 meses consecutivos en alza y llegó a 5,1 puntos, dentro del rango técnico catalogado como "Fragilidad Familiar". El indicador expone el desacople entre las variables macroeconómicas y la economía cotidiana de los hogares.
Desde la oposición legislativa, el diputado Nicolás Trotta (Primero La Patria) advirtió que el dato tiene una dimensión humana concreta: "Detrás de este número hay hogares que hacen cuentas todos los días, que recortan gastos y que viven con más incertidumbre sobre cómo llegar a fin de mes".
