El Gobierno nacional introdujo modificaciones en los protocolos de actuación de las fuerzas policiales y de seguridad frente a amenazas de violencia masiva difundidas a través de redes sociales y plataformas digitales. La decisión surge en medio de una creciente preocupación por los mensajes intimidatorios dirigidos a establecimientos educativos y busca fortalecer la capacidad de respuesta preventiva ante situaciones consideradas de riesgo.
La actualización quedó plasmada en la Resolución 725/2026 y responde al incremento de episodios vinculados a amenazas contra escuelas que se viralizan por internet. Según el texto oficial, la normativa vigente resultaba insuficiente para dar una respuesta operativa eficaz ante situaciones de urgencia que requieren intervención inmediata.
Entre los principales cambios, se mantiene la prohibición de tratar datos sensibles de menores sin autorización judicial, aunque se incorporan excepciones para casos en los que exista una amenaza grave e inminente que requiera una actuación preventiva rápida.
La medida llega después de una serie de amenazas registradas en escuelas argentinas durante los últimos meses, muchas de ellas relacionadas con mensajes anónimos publicados en redes sociales o aplicaciones de mensajería. Algunos episodios derivaron en evacuaciones preventivas y suspensión de clases mientras se realizaban las investigaciones correspondientes.
Desde el Ministerio de Seguridad sostienen que el nuevo esquema permitirá una mejor coordinación entre las fuerzas de seguridad y las autoridades judiciales para actuar ante posibles riesgos, especialmente en situaciones donde la velocidad de respuesta puede resultar determinante.
Las autoridades remarcaron que el objetivo es prevenir hechos de violencia y reforzar los mecanismos de protección de la comunidad educativa, en un contexto donde las amenazas difundidas por internet se convirtieron en una preocupación creciente para escuelas y familias de todo el país.
