La actividad en los puertos de todo el país continúa paralizada como consecuencia de una medida de fuerza iniciada tras la entrada en vigencia del Decreto 690/2026, impulsado por el Gobierno nacional para desregular el servicio de practicaje.
En ese marco, el Gobierno intimó formalmente a más de 500 profesionales del practicaje y pilotaje para que reanuden de manera inmediata sus funciones, al considerar que la interrupción del servicio afecta una actividad esencial para la navegación. Sin embargo, el lock-out, encabezado por prácticos, pilotos y baqueanos desde el sábado 1° de agosto, se mantiene y continúa afectando las operaciones portuarias en todo el país.
La protesta se extiende desde los puertos de Ushuaia hasta la Hidrovía Paraná-Paraguay, con especial incidencia en el Río de la Plata y el río Paraná, por donde circula cerca del 80% de las exportaciones e importaciones argentinas. La medida dejó a decenas de embarcaciones sin actividad en las terminales del Gran Rosario, San Lorenzo y Timbúes, afectando el transporte de granos, insumos energéticos y otras mercaderías destinadas tanto al mercado interno como a la exportación.
El Decreto 690/2026, promovido por el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, apunta a eliminar las denominadas barreras de entrada al sector, reducir costos operativos y habilitar la contratación directa de los servicios de practicaje. La norma también contempla que capitanes con experiencia puedan navegar determinadas rutas sin la obligatoriedad de contratar prácticos, una modificación que el Gobierno considera clave para mejorar la competitividad del sistema portuario.
Desde la Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales de la Marina Mercante rechazaron la iniciativa oficial y calificaron la reforma como "abusiva e inconstitucional". La entidad anunció la presentación de una Acción de Amparo ante la Justicia Federal y una denuncia penal contra los funcionarios que firmaron el decreto, al sostener que la desregulación compromete la seguridad de la navegación en los ríos y canales del país.
Frente al agravamiento del conflicto y las dificultades operativas que enfrenta la actividad portuaria, la Prefectura Naval Argentina envió cédulas de intimación perentoria a los profesionales para que retomen sus funciones de manera inmediata, bajo apercibimiento de ley. El organismo fundamentó la medida en el carácter de servicio público esencial que reviste el practicaje, indispensable para garantizar la seguridad de las maniobras de los buques.
Pese a las intimaciones oficiales, los profesionales ratificaron el lock-out por tiempo indeterminado y mantuvieron la suspensión de los servicios en los puertos del país. Sin embargo, establecieron excepciones para asistir a buques petroleros y de gas natural licuado, con el objetivo de evitar inconvenientes en el abastecimiento energético y minimizar el riesgo de incidentes ambientales en las vías navegables. Mientras tanto, el conflicto permanece sin una instancia de negociación que permita destrabar una situación con fuertes consecuencias para el comercio exterior argentino.
