El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires formalizó ante el Consejo de la Magistratura porteño un pedido de juicio político contra la jueza Laura De Marinis, luego de que la magistrada declarara inconstitucional la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en una causa por tentativa de robo. La presentación fue realizada por el ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, quien planteó posibles causales de mal desempeño en el ejercicio de la función y “desconocimiento inexcusable del derecho”.
El caso que motivó el pedido de juicio político contra la jueza en Buenos Aires
El caso se originó a partir de una investigación contra un adolescente de 14 años, acusado junto con otros jóvenes de haber intentado robar a un hombre en la vía pública. La intervención policial evitó que el hecho se concretara y la causa continuó respecto de los demás involucrados. De Marinis, titular del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N.º 3, resolvió sobreseer al adolescente y consideró que la nueva normativa no podía aplicarse en esas circunstancias.
La magistrada no cuestionó la vigencia general del Régimen Penal Juvenil, sino que declaró inconstitucional su aplicación al caso concreto. En su resolución sostuvo que el ingreso del adolescente al sistema penal resultaba regresivo en función de sus condiciones personales y sociales, y señaló que atravesaba dificultades vinculadas con la educación y la alimentación.
Qué sostiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tras el fallo de la magistrada
La presentación de Tapia sostiene que la jueza habría incurrido en distintas irregularidades al fundamentar su decisión. Entre otros puntos, el Gobierno porteño cuestionó que De Marinis no hubiera analizado de manera integral las herramientas contempladas por la Ley 27.801, que estableció el nuevo régimen y fijó en 14 años la edad mínima de responsabilidad penal para los casos alcanzados por la norma.
Otro de los cuestionamientos está relacionado con la utilización de la Ley 22.278, correspondiente al régimen penal juvenil anterior. De acuerdo con la denuncia, esa normativa había sido derogada por la nueva legislación y, por lo tanto, el Ejecutivo porteño considera que la magistrada debía explicar bajo qué fundamento podía utilizar nuevamente sus disposiciones para resolver la situación del adolescente.
El Gobierno de la Ciudad también cuestionó la interpretación que hizo De Marinis sobre los antecedentes del debate legislativo. Según la denuncia, la jueza entendió que el Congreso había previsto una aplicación restringida de la responsabilidad penal para adolescentes de 14 años, vinculada con delitos de determinada gravedad. El Ejecutivo porteño sostiene que esa limitación no surge del texto finalmente aprobado por el Congreso.
A partir de esos argumentos, Tapia solicitó al Consejo de la Magistratura que investigue los hechos, reúna las pruebas que considere necesarias y determine si existieron otros casos en los que la magistrada se hubiera apartado de criterios similares. Si el organismo considera acreditadas las irregularidades denunciadas, el ministro pidió que se avance con la acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento, según el procedimiento establecido por la Constitución de la Ciudad.
El planteo del Ejecutivo porteño se suma a otra vía que ya está en marcha contra la resolución. La Fiscalía especializada en materia penal juvenil apeló el fallo de De Marinis y pidió además que la jueza sea apartada de la causa. Los fiscales Mauro Tereszko y Paula Raffa Pirra cuestionaron los fundamentos de la decisión y solicitaron que intervenga otro magistrado.
La presentación ante el Consejo de la Magistratura había sido anticipada por Tapia y respaldada públicamente por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, después de conocerse la resolución. El funcionario había anunciado que impulsaría el jury y cuestionó que una decisión judicial pudiera impedir la aplicación de una reforma aprobada por el Congreso.
Mientras tanto, la discusión judicial continúa por dos caminos diferentes: por un lado, deberá resolverse la apelación contra el sobreseimiento del adolescente; por otro, el Consejo de la Magistratura deberá analizar la denuncia presentada contra De Marinis y determinar si corresponde avanzar con el proceso de enjuiciamiento.
