El Gobierno anunció nuevas denuncias penales contra cinco empresas petroleras vinculadas con actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas y adelantó que las presentaciones también apuntarán contra las personas que hayan intervenido en las decisiones cuestionadas. La estrategia contempla tanto la ampliación de causas que ya están en trámite como la apertura de nuevos expedientes.
Según informó la Oficina del Presidente, las acciones judiciales buscarán identificar a directores, gerentes, administradores y representantes de las compañías involucradas. El Ejecutivo sostuvo que pretende responsabilizar a quienes considere que están violando las normas argentinas vinculadas con la soberanía sobre el archipiélago.
Las nuevas presentaciones alcanzarán, según fuentes oficiales citadas por TN, a Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited, Rockhopper Exploration (Oil) Limited, Borders & Southern Falkland Islands Limited, Borders & Southern Petroleum PLC y Desire Petroleum Limited. Las compañías quedarán así incorporadas a la ofensiva judicial que el Ejecutivo viene desplegando en los últimos días.
La decisión se produce pocos días después de que la Cancillería, encabezada por Pablo Quirno, presentara una primera denuncia penal contra otras cinco empresas vinculadas con el proyecto petrolero Sea Lion. Esa presentación fue realizada con el patrocinio del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, y alcanzó a Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.
El avance judicial forma parte de una serie de medidas que el Gobierno viene tomando frente al desarrollo de proyectos hidrocarburíferos en las islas. En paralelo, ya son 60 las personas humanas y jurídicas sometidas a procedimientos sancionatorios por presuntas infracciones a la Ley 26.659, según los datos difundidos por el propio Ejecutivo.
La Ley 26.659 establece restricciones para el desarrollo de actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina sin la autorización correspondiente. Para quienes incumplan sus disposiciones contempla inhabilitaciones de entre cinco y 20 años, además de otras consecuencias administrativas previstas por la normativa.
A comienzos de septiembre, además, el Ejecutivo publicó el Decreto 868/2026, que modificó el esquema administrativo para acelerar los trámites vinculados con las infracciones contempladas por esa ley. La medida se incorporó al conjunto de acciones que buscan reforzar la respuesta estatal frente a las actividades hidrocarburíferas que Argentina no reconoce como legítimas en el archipiélago.
La ofensiva también tiene un frente legislativo. El Gobierno anunció el envío al Congreso de un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que busca ampliar las herramientas disponibles frente a actividades consideradas contrarias a los intereses argentinos. A esto se suma la instrucción presidencial para priorizar el desarrollo de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego dentro del Presupuesto 2027.
De esta manera, las nuevas denuncias penales se incorporan a una estrategia que combina acciones judiciales, procedimientos administrativos y medidas legislativas y de defensa. El próximo paso será formalizar las presentaciones contra las cinco nuevas compañías y determinar el alcance de las responsabilidades individuales que el Gobierno pretende atribuir a sus directivos y representantes.
