La investigación judicial sobre el patrimonio de Manuel Adorni dio un paso central: el juez Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal tanto del funcionario como de su esposa Bettina Angeletti, con el objetivo de reconstruir el origen de fondos vinculados a gastos personales y movimientos económicos recientes.
La medida, que había sido dispuesta semanas atrás, cobra ahora relevancia en el avance del expediente, donde se analizan viajes al exterior, adquisición de inmuebles y otros consumos que, según fuentes judiciales, no terminarían de coincidir con los ingresos declarados por el actual jefe de Gabinete.
En ese marco, los investigadores buscan determinar si existió algún tipo de desbalance patrimonial desde que Adorni ingresó a la función pública, primero como vocero presidencial y luego en su actual cargo, con especial foco en operaciones realizadas en ese período.
El análisis incluye la compra de propiedades en el barrio de Caballito y en un country de Exaltación de la Cruz, así como gastos asociados a traslados internacionales que quedaron registrados en distintas pruebas documentales incorporadas a la causa.
En paralelo, el juez también ordenó avanzar sobre las comunicaciones del productor Marcelo Grandio, allegado al funcionario, quien aparece vinculado a viajes recientes y a contratos con la Televisión Pública a través de su productora, un punto que suma otra línea de investigación dentro del expediente.
