Desde 2004 hasta marzo de 2026, la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió 1.907 sentencias vinculadas a delitos de lesa humanidad, en un proceso sostenido que permitió avanzar en el juzgamiento de los crímenes de la dictadura cívico-militar argentina (1976-1983).
El dato refleja la continuidad de una política judicial que tuvo hitos decisivos. Uno de ellos fue el Caso Simón, que declaró nulas las leyes de impunidad y reabrió los procesos judiciales.
A ese antecedente se suman el Caso Arancibia Clavel, que estableció que estos delitos no prescriben, y el Caso Mazzeo, que invalidó los indultos.
Los números muestran el impacto de estas decisiones: desde 2006 se registraron 361 sentencias, con más de 1.200 condenas, además de juicios en curso y causas en investigación.
En un reciente reconocimiento al Juicio a las Juntas, el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, afirmó que “se trató de un juicio justo en condiciones excepcionales”.
También se pronunciaron Carlos Rosenkrantz, quien habló de una respuesta “impecable”, y Ricardo Lorenzetti, quien destacó el valor estructural de la política de memoria.
