La Corte de Apelaciones de Washington DC rechazó un recurso presentado por la Argentina y confirmó la sentencia que obliga al Estado nacional a pagar US$390,9 millones, más intereses, al fondo Titan Consortium por la expropiación de Aerolíneas Argentinas en 2008.
La decisión representa un nuevo revés judicial para el país en una causa que se originó tras la estatización de la compañía aérea durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
El fallo ratifica el reconocimiento en Estados Unidos del laudo emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), tribunal arbitral dependiente del Banco Mundial, que ya había dado la razón a los demandantes.
Titan Consortium recurrió a la Justicia estadounidense para obtener la ejecución del laudo, ya que las decisiones del CIADI no son ejecutables por sí mismas, aunque constituyen un antecedente válido para reclamar el cobro ante tribunales ordinarios.
La historia del litigio
La demanda fue iniciada originalmente por el grupo español Marsans, propietario de Aerolíneas Argentinas y Austral al momento de la expropiación. Posteriormente, los derechos litigiosos fueron adquiridos por Burford Capital, el mismo fondo que impulsó el juicio por la expropiación de YPF, y finalmente quedaron en manos de Titan Consortium.
El CIADI dictó un laudo favorable a los demandantes en 2017. Dos años después rechazó el intento argentino de anular esa decisión. En 2024, la Justicia estadounidense reconoció formalmente el fallo y ordenó al país abonar US$390,9 millones, además de los intereses correspondientes.
Un acuerdo frustrado y el riesgo de embargos
A fines de 2024, ambas partes estuvieron cerca de alcanzar un acuerdo para cancelar la deuda y cerrar el litigio. Sin embargo, la Argentina modificó su estrategia judicial y finalmente no concretó el pago.
Tras esa decisión, Titan Consortium inició gestiones para ejecutar la sentencia mediante el embargo de activos argentinos en el exterior. No obstante, hasta el momento, el fondo enfrenta dificultades para identificar bienes estatales que cumplan con los requisitos legales para ser embargados.
Con el rechazo de la apelación por parte de la Corte de Apelaciones de Washington, la obligación de pago quedó nuevamente ratificada y el litigio suma un nuevo capítulo desfavorable para la Argentina.
