Durante años convivieron en las mismas calles, levantaron pasajeros en los mismos lugares y compitieron por los mismos viajes. Pero mientras taxis y remises acumulaban habilitaciones, seguros, inspecciones y costos obligatorios, miles de conductores de aplicaciones trabajaban con requisitos mucho más livianos.
Esa diferencia acaba de chocar contra un fallo judicial que cambia las reglas en la Ciudad de Buenos Aires.
La Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo resolvió que los choferes que trabajen con aplicaciones como Uber, Cabify y DiDi deberán tramitar licencia profesional y contar con seguros específicos para seguir prestando servicio.
La Justicia equiparó las exigencias con taxis y remises
El fallo surgió tras una presentación impulsada por el Sindicato de Peones de Taxis, que cuestionó la diferencia de exigencias entre los conductores tradicionales y quienes trabajaban mediante plataformas digitales.
Los jueces entendieron que las aplicaciones prestan un servicio de transporte de pasajeros y que no pueden continuar operando en un esquema distinto al que rige para taxis y remises.
La resolución sostiene que las plataformas no pueden aprovechar un “vacío legal” para evitar controles regulatorios mientras otro sector afronta costos, trámites y obligaciones mucho más pesadas.
Qué cambia desde ahora
A partir de este fallo, los conductores de aplicaciones deberán adaptarse a una serie de requisitos que hasta ahora no eran obligatorios para muchos de ellos.
Entre las nuevas exigencias aparecen:
- Licencia profesional para conducir pasajeros.
- Seguros específicos para transporte.
- Cobertura para pasajeros, conductor y responsabilidad civil.
- Habilitaciones y controles similares a taxis y remises.
- Adecuación a futuras regulaciones que dicte la Ciudad.
Hasta ahora, gran parte de los choferes trabajaba únicamente con licencia común.
El fallo también apuntó contra el Gobierno porteño
La resolución judicial no solo se concentró en las plataformas. También cuestionó con dureza la postura que mantuvo durante años el Gobierno de la Ciudad frente al funcionamiento de estas aplicaciones.
Según el fallo, mientras oficialmente se calificaba a Uber como un servicio clandestino, al mismo tiempo las plataformas seguían funcionando con normalidad, publicitándose y operando sin controles efectivos.
Los jueces Mariana Díaz, Fernando Enrique Juan Lima y Marcelo López Alfonsín remarcaron además que las aplicaciones forman parte de un “servicio global de transporte” y no simplemente de una plataforma tecnológica.
Lo que viene ahora
El fallo ordenó además que la Ciudad avance sobre otros puntos vinculados a las aplicaciones de transporte.
Entre ellos, iniciar mecanismos para cobrar impuestos locales a las empresas y realizar campañas informativas para advertir a los usuarios sobre posibles riesgos relacionados con seguros y licencias.
La resolución también alivió momentáneamente a taxistas y remiseros: mientras continúe la diferencia regulatoria, el Gobierno porteño no podrá cobrarles determinados aranceles administrativos vinculados a licencias y habilitaciones.
La decisión judicial volvió a poner sobre la mesa una discusión que lleva años en las calles: qué pasa cuando dos sectores hacen el mismo trabajo, pero uno carga con controles y costos que el otro no tenía obligación de cumplir.
