El oficialismo no logró reunir los acuerdos necesarios para avanzar con el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional y decidió postergar el plenario de comisiones que debía emitir dictamen. Como consecuencia, la iniciativa vinculada con Malvinas no será tratada en la sesión prevista para este miércoles en la Cámara de Diputados.
El nuevo encuentro de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto fue convocado para el miércoles 27 de octubre a las 16.
La postergación se produjo después de que el oficialismo no consiguiera acordar modificaciones con bloques aliados y dialoguistas, que plantearon objeciones sobre distintos artículos de una iniciativa que excede la cuestión específica de Malvinas e incorpora cambios en materia de defensa, seguridad, inteligencia y delitos contra el Estado.
Los artículos que generan diferencias
Uno de los principales cuestionamientos está dirigido al artículo 111, que contempla sanciones relacionadas con acciones destinadas a “alterar procesos electorales” o “manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva”, cuando sean realizadas por cuenta o con financiamiento extranjero.
También existen reparos sobre las facultades previstas para el nuevo Consejo de Seguridad Nacional, la definición de conceptos como “amenaza externa” y “actividad terrorista” y los límites entre las funciones correspondientes a la Defensa Nacional y la Seguridad Interior.
Otro punto bajo discusión son los protocolos que permitirían, bajo determinadas circunstancias y como último recurso, el derribo de aeronaves o el hundimiento de buques considerados hostiles.
Las diferencias impidieron que el oficialismo reuniera los apoyos suficientes para cerrar un texto común y emitir dictamen a tiempo para llevarlo al recinto esta semana.
El debate coincide con la polémica en la ONU
La discusión parlamentaria ocurre además en medio de la controversia por una propuesta de Estados Unidos para eliminar el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas, uno de los ámbitos multilaterales donde Argentina sostiene su reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas.
El diputado de Unión por la Patria y ex canciller Jorge Taiana cuestionó la posición argentina frente al planteo estadounidense y reclamó al Gobierno mantener la política histórica del país respecto de la disputa de soberanía.
“Rechazamos la solicitud de Estados Unidos y exigimos al gobierno argentino que de manera urgente repudie esta decisión y retome la tradición diplomática argentina de firmeza y coherencia en el reclamo”, expresó.
El Gobierno, por su parte, indicó este lunes a través del vocero presidencial Adrián Ravier que el planteo estadounidense se encuentra “bajo análisis” y que será el canciller Pablo Quirno quien se pronuncie sobre el tema.
Penas de hasta 20 años por explotar recursos en Malvinas
Uno de los ejes centrales del proyecto impulsado por el Ejecutivo es el endurecimiento de las sanciones contra quienes exploten o colaboren con la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas y los espacios marítimos e insulares circundantes.
La propuesta prevé penas de hasta 20 años de prisión y amplía las restricciones existentes, actualmente concentradas en los hidrocarburos, a cualquier aprovechamiento de recursos naturales renovables y no renovables que no cuente con autorización argentina.
También establece un registro público de infractores, restricciones para contratar con el Estado y la incorporación del juicio en ausencia para los delitos contemplados.
Un Consejo de Seguridad con amplias facultades
La iniciativa propone además crear un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el Presidente e integrado permanentemente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica.
Entre sus funciones estaría la coordinación de las áreas diplomática, económica, militar, jurídica, cibernética y de inteligencia.
Ante una amenaza considerada grave e inminente, el proyecto contempla medidas como restringir determinadas operaciones financieras, bloquear temporalmente activos, suspender autorizaciones o contrataciones y aplicar restricciones sobre importaciones y exportaciones.
También incorpora prohibiciones para aportes de extranjeros sin residencia permanente y personas jurídicas extranjeras a partidos y campañas políticas, además de nuevas figuras vinculadas con espionaje, interferencia electoral, violencia y sabotaje.
Sin dictamen, el proyecto deberá esperar al menos hasta el nuevo plenario convocado para el 27 de octubre, cuando el oficialismo intentará acercar posiciones y reunir los apoyos necesarios para que la iniciativa pueda continuar su recorrido parlamentario.
