El Reino Unido anunció nuevas medidas para proteger a las empresas y los particulares que desarrollan actividades económicas en las Islas Malvinas, en medio de una nueva escalada de tensión con la Argentina. La decisión del gobierno del primer ministro Andy Burnham busca resguardar las inversiones vinculadas con el archipiélago frente a las acciones judiciales y las posibles sanciones impulsadas por la administración de Javier Milei.
La iniciativa contempla la aplicación de la legislación británica de Protección de Intereses Comerciales (PTI), que apunta a impedir que compañías y ciudadanos británicos sean obligados a cumplir determinadas medidas argentinas con alcance extraterritorial. Según el comunicado oficial, el objetivo es proteger las decisiones comerciales de quienes participan en actividades que Londres considera legales, sin restringir el comercio entre ambos países.
El anuncio se produjo luego de que la Argentina recurriera al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para solicitar medidas provisionales que frenen el desarrollo de Sea Lion, un proyecto de explotación petrolera ubicado al norte de las islas. El Gobierno argentino sostiene que las actividades autorizadas unilateralmente por el Reino Unido afectan sus derechos soberanos sobre la plataforma continental. La presentación judicial busca evitar que avance la explotación de los recursos hidrocarburíferos en la zona en disputa.
Desde Londres, las autoridades respondieron con una advertencia directa. El secretario de Relaciones Exteriores británico, Ed Miliband, sostuvo que su país no permanecerá pasivo frente a los intentos argentinos de obstaculizar actividades comerciales en el archipiélago. Además, calificó de “inaceptables” las acciones que, según la posición británica, buscan presionar a empresas e individuos, y ratificó el respaldo de su gobierno al desarrollo económico de las islas.
El gobierno británico también anticipó que avanzará con las disposiciones necesarias para poner en marcha las nuevas medidas antes de que termine 2026. Mientras tanto, la disputa por la explotación petrolera suma un nuevo capítulo diplomático y judicial, con posiciones enfrentadas sobre la soberanía, la autorización de actividades económicas y el control de los recursos naturales en el Atlántico Sur.
