El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires estimó en $90 millones el costo preliminar de reparación de los destrozos registrados durante la quinta Marcha Federal Universitaria, realizada este jueves 15 de octubre frente al Congreso de la Nación. En paralelo, el Ministerio de Seguridad nacional prepara una denuncia penal contra los manifestantes involucrados en los incidentes, con el objetivo de identificar a los responsables y avanzar con las acciones judiciales correspondientes.
El presupuesto calculado por la administración de Jorge Macri contempla los daños en el mobiliario urbano, las veredas, los canteros y los espacios verdes de la Plaza de los Congresos y sus alrededores. La cifra es preliminar y corresponde a las tareas necesarias para recuperar el espacio público.
Por su parte, la presentación judicial está siendo elaborada por el equipo jurídico de la cartera nacional que conduce Alejandra Monteoliva. Entre las figuras penales que se prevé incluir aparecen resistencia y atentado a la autoridad, atentado al orden constitucional y daño agravado. La calificación definitiva y las eventuales responsabilidades deberán ser determinadas por la Justicia.
Cómo fueron los incidentes frente al Congreso
Los enfrentamientos se extendieron durante más de dos horas en las calles cercanas al Congreso de la Nación. Según la información difundida sobre el operativo, los incidentes comenzaron después de que se cayera la sesión en la Cámara de Diputados, cuando grupos se desprendieron de la columna principal de manifestantes y avanzaron sobre las líneas de contención policial.
El saldo informado fue de al menos 25 personas detenidas y ocho efectivos de las fuerzas federales lesionados. Entre los uniformados afectados, cuatro pertenecían a la Gendarmería Nacional, dos a la Prefectura Naval y dos a la Policía Federal.
La Policía de la Ciudad también aprehendió a un adolescente de 14 años en la intersección de Montevideo y Bartolomé Mitre, señalado por arrojar piedras contra un móvil policial. En ese caso, la Unidad Fiscal de Flagrancia Este dispuso la intervención del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes, de acuerdo con el procedimiento diferenciado previsto para menores de edad.
Seguridad recopila imágenes para identificar a los responsables
El Ministerio de Seguridad avanza con la recopilación de fotografías y videos de los incidentes. El material será utilizado para intentar individualizar a quienes participaron en los destrozos y las agresiones registradas en las inmediaciones del Congreso.
La documentación audiovisual será una de las herramientas para sustentar la denuncia. La identificación de los involucrados y la determinación de las conductas atribuidas a cada uno serán parte del proceso judicial.
La ministra Alejandra Monteoliva cuestionó los hechos a través de sus redes sociales. “El derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia”, sostuvo, y advirtió que quienes agredan a efectivos o destruyan bienes públicos deberán responder ante la Justicia. En otra publicación, la funcionaria nacional acompañó imágenes de los incidentes con un mensaje irónico sobre los reclamos universitarios.
Por su parte, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, también se pronunció sobre los episodios y aseguró que buscarán identificar a los responsables. “Los vamos a atrapar y van a pagar por sus actos. Ley y orden”, escribió en X.
Quién paga los $90 millones de los destrozos
La reparación de los espacios públicos afectados corresponde inicialmente al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que debe afrontar los trabajos de limpieza, reposición y mantenimiento con recursos de su presupuesto. En términos prácticos, esto significa que el costo inicial se cubre con fondos públicos.
Una eventual recuperación de ese dinero requiere un procedimiento posterior. La Ciudad puede impulsar denuncias, acciones civiles o intimaciones contra las personas u organizaciones a las que se atribuyan responsabilidades, pero el cobro no es automático: depende de las actuaciones administrativas y judiciales correspondientes y de que existan fundamentos para exigir el resarcimiento.
Por eso, los $90 millones estimados no implican que el Gobierno porteño ya haya recuperado el dinero ni que exista una obligación de pago determinada judicialmente contra los manifestantes.
Los antecedentes de los reclamos por daños y operativos
Las protestas frente al Congreso y otras movilizaciones masivas ya habían derivado en reclamos económicos de los gobiernos nacional y porteño.
En diciembre de 2023, el Ministerio de Seguridad nacional reclamó $56 millones a distintos sindicatos por los costos de los operativos desplegados durante las movilizaciones contra el DNU 70/2023.
En febrero de 2024, el Gobierno porteño anunció acciones para reclamar alrededor de $100 millones por los gastos vinculados con las protestas contra la Ley Ómnibus. Meses después, tras los disturbios del 12 de junio durante el debate de la Ley Bases, Jorge Macri estimó en $278 millones los daños ocasionados en el espacio público.
Estos antecedentes muestran que las autoridades recurrieron a intimaciones y acciones judiciales para intentar trasladar los costos de las movilizaciones a los responsables. Sin embargo, no hay constancia suficiente en la información de referencia para afirmar que esos montos hayan sido efectivamente recuperados.
Una marcha por la universidad pública y la emergencia en discapacidad
La movilización de este jueves fue convocada en defensa de la educación pública universitaria y también incluyó reclamos vinculados con la emergencia en discapacidad.
Los incidentes registrados durante la jornada abrieron un nuevo frente judicial para las autoridades nacionales y porteñas. Mientras el Gobierno de la Ciudad deberá avanzar con la reparación de los espacios afectados, el Ministerio de Seguridad buscará que la investigación permita identificar a los responsables de los hechos violentos.
La presentación de la denuncia no implica, por sí misma, que todos los manifestantes sean responsables de los destrozos ni que las personas detenidas hayan sido condenadas. Esas responsabilidades deberán establecerse a partir de las pruebas y de las decisiones que adopte la Justicia.
