El fondo Bainbridge, que reclama a la Argentina el pago de una sentencia por US$95 millones relacionada con bonos impagos del default de 2001, presentó un nuevo reclamo judicial en Estados Unidos solicitando acciones estatales como forma de pago.
La solicitud fue enviada este martes 3 a la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, y lleva la firma del abogado Anthony J. Costantini, del estudio Duane Morris LLP. En el escrito, Bainbridge recordó que, pese a la sentencia firme obtenida en diciembre de 2020, el monto aún no ha sido pagado.
El fondo pidió que la Argentina transfiera sus acciones en Aerolíneas Argentinas y el Banco Nación, que se depositen en una cuenta custodiada en Nueva York y que, finalmente, se transfiera la titularidad al fondo o a quien este designe. Según Bainbridge, se trataría de una vía válida para ejecutar la sentencia pendiente.
Bainbridge es uno de los fondos que no aceptó los canjes de deuda propuestos por la Argentina tras el colapso económico de 2001. Se mantuvo al margen de las reestructuraciones de 2005, 2010 y 2016, y llevó su caso ante la justicia de Nueva York, que en 2020 le dio la razón. Desde entonces, el fondo ha intentado cobrar el fallo mediante distintos mecanismos de embargo, con resultados mixtos.
En 2023, por ejemplo, solicitó quedarse con parte de las reservas del Banco Central, pero la jueza Preska rechazó la medida y el fondo no apeló. Más recientemente, Bainbridge y Burford Capital intentaron ejecutar acciones de YPF como pago de sus sentencias. Preska accedió inicialmente, pero la Cámara de Apelaciones de Nueva York suspendió la orden y aún estudia si confirmarla o revocarla.
No existen precedentes claros en la jurisprudencia estadounidense que permitan la transferencia forzada de acciones de empresas estatales extranjeras, explicó el exprocurador Sebastián Soler. Sin embargo, Bainbridge insiste en que esa vía es válida.
En casos previos, incluso el gobierno de Donald Trump presentó escritos en apoyo a la Argentina, alertando sobre los riesgos de afectar la inmunidad soberana. Si la jueza ordena la entrega de acciones, el país podría apelar y solicitar la suspensión hasta que la Cámara se pronuncie, como ocurrió en litigios anteriores.
Esta semana, la jueza Preska rechazó un planteo de la defensa argentina en el litigio por YPF. El Gobierno había solicitado limitar el acceso de los fondos buitre a información sobre activos estatales, citando el precedente de NML Capital vs. Argentina, pero Preska consideró que no existían nuevos elementos para reconsiderar decisiones previas.
