Una nueva disposición de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) generó cuestionamientos de pacientes, gremios y sectores vinculados con la discapacidad por la aplicación de aranceles a la importación de medicamentos de alto costo y dispositivos médicos de alta complejidad.
La medida está contemplada en la Disposición 5461/2026, publicada a fines de agosto y vigente desde el 1° de septiembre. El nuevo esquema mantiene los porcentajes establecidos previamente y fija topes máximos de $12 millones para las importaciones de especialidades medicinales y $5 millones para productos médicos.
El arancel se calcula sobre el valor FOB de la mercadería, es decir, sobre el valor del producto antes de los costos de transporte y seguro internacional. Según el esquema informado, la alícuota general alcanza el 1,5%, mientras que para determinadas operaciones de mayor volumen se aplica una tasa reducida del 1,25%.
El Gobierno sostiene que la modificación forma parte de un proceso de actualización y reorganización de los aranceles de ANMAT. El organismo había explicado que el objetivo era establecer valores proporcionales a las tareas de control y fiscalización, adecuarlos a estándares regionales y garantizar los recursos necesarios para su funcionamiento.
El conflicto aparece especialmente en los casos de medicamentos y dispositivos que deben ser importados para tratamientos específicos, entre ellos productos médicos de alta complejidad y medicamentos de alto costo que no cuentan con producción nacional.
Según denunciaron pacientes y entidades del sector, con la entrada en vigencia de la nueva disposición también comenzaron a rechazarse nuevas solicitudes de exención y quedaron sin efecto algunas autorizaciones anteriores. La situación habría generado demoras en expedientes de personas que cuentan con Certificado Único de Discapacidad (CUD) y necesitan importar productos indispensables para sus tratamientos.
Uno de los puntos centrales de la discusión es la relación entre este nuevo arancel y el régimen de exenciones previsto para determinados bienes destinados a personas con discapacidad. La Resolución 1388/97 del Ministerio de Economía contempla beneficios para medicamentos y bienes que no se producen en el país y que resultan necesarios para el tratamiento, rehabilitación o capacitación de personas con discapacidad.
Sin embargo, se trata de instrumentos diferentes: la resolución establece determinadas exenciones de tributos de importación, mientras que la disposición de ANMAT establece aranceles vinculados con trámites y servicios de intervención del organismo. Por eso, la aplicación concreta de ambos regímenes requiere una definición administrativa sobre los casos alcanzados.
Otro problema señalado por los sectores afectados está relacionado con la implementación del nuevo sistema. De acuerdo con los reclamos difundidos, al momento de comenzar a regir la disposición todavía no estaba definido el procedimiento operativo ni el código de pago necesario para afrontar el arancel, lo que habría dejado algunos expedientes sin un mecanismo claro para continuar.
La disposición, no obstante, establece que la Dirección General de Administración de ANMAT debe adecuar los sistemas necesarios para implementar las modificaciones. El organismo también publicó la información correspondiente al nuevo esquema de aranceles y los topes aplicables a las operaciones de comercio exterior.
La discusión se da además en un momento particularmente sensible para el sistema sanitario. Los medicamentos de alto costo representan una parte significativa del gasto de obras sociales y otros agentes del sistema de salud. La Superintendencia de Servicios de Salud informó recientemente que su plataforma SIGMAC permitió generar ahorros por más de $116.000 millones en la gestión de medicamentos de alto costo durante su primer año de funcionamiento.
Desde el sector que cuestiona la medida sostienen que cualquier costo adicional puede trasladarse a un sistema que ya enfrenta dificultades para financiar tratamientos de alta complejidad. En particular, advierten que el impacto puede ser mayor cuando se trata de pacientes que dependen de medicamentos o dispositivos importados que no tienen sustitutos nacionales.
La ANMAT, por su parte, encuadra la modificación dentro de un proceso más amplio de desregulación y reorganización de sus funciones. En 2025 el organismo había reducido su intervención sobre determinados productos médicos de menor riesgo, mientras que el nuevo esquema concentra la estructura arancelaria en los trámites que permanecen bajo su competencia.
La controversia queda así concentrada en un punto que deberá ser precisado: cómo se aplican los nuevos aranceles cuando la importación corresponde a un tratamiento indispensable para una persona con discapacidad y existe un régimen de exención asociado. Mientras pacientes y organizaciones reclaman respuestas, la implementación de la Disposición 5461/2026 abrió un nuevo frente de discusión dentro del sistema de salud.
