El Gobierno enfrenta diferencias internas sobre la estrategia para impulsar la reforma electoral, uno de los proyectos que Javier Milei considera clave para reorganizar el escenario político de cara a las elecciones de 2027. Aunque en un sector de la Casa Rosada sostienen que la iniciativa podría avanzar durante agosto, otros funcionarios reconocen que el proyecto todavía está "súper verde" y que antes será necesario ordenar tanto la negociación política como la redacción definitiva del texto.
La principal discusión no gira sobre el contenido de la reforma, sino sobre cuándo cerrar acuerdos con los gobernadores. Mientras algunos consideran que esos entendimientos deben alcanzarse antes del tratamiento legislativo para garantizar los votos, otros creen que primero debe aprobarse la reforma y luego negociar distrito por distrito.
Entre quienes impulsan la primera alternativa se encuentran la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el asesor presidencial Santiago Caputo. Los tres coinciden en que un acuerdo previo con los mandatarios provinciales permitiría reducir la incertidumbre política y fortalecer el respaldo parlamentario del proyecto.
Del otro lado se ubican Karina Milei, junto con Eduardo "Lule" Menem y Martín Menem, quienes prefieren postergar cualquier definición electoral hasta después de la votación en el Congreso. En ese sector consideran que cerrar acuerdos anticipados podría condicionar el armado territorial de La Libertad Avanza y limitar la capacidad del oficialismo para definir candidaturas propias.
En paralelo, el Gobierno analiza incorporar un sistema de colectoras que permita que candidatos a diputados nacionales de gobernadores sin postulante presidencial puedan compartir boleta con Milei. En la Casa Rosada presentan esa posibilidad como una concesión limitada para ampliar el caudal electoral del Presidente sin resignar el control del armado libertario en cada provincia.
Dentro del oficialismo existen posturas contrapuestas sobre el margen de negociación con las provincias. Algunos funcionarios sostienen que los gobernadores no tienen otra alternativa que aceptar un acuerdo, al considerar que la figura de Milei será el principal activo electoral en 2027. Otros, en cambio, advierten que todavía persiste un alto nivel de desconfianza entre los mandatarios provinciales tras las experiencias electorales recientes.
El Ejecutivo intenta diferenciar los acuerdos nacionales de las disputas provinciales. En ese esquema, las eventuales colectoras solo servirían para la boleta presidencial y de diputados nacionales, mientras que La Libertad Avanza conservaría la posibilidad de presentar candidatos propios para las gobernaciones cuando considere conveniente fortalecer su estructura política.
Mientras tanto, el proyecto continúa siendo objeto de modificaciones. En la mesa política reconocen que todavía resta consensuar la redacción definitiva, resolver diferencias técnicas y definir hasta dónde avanzará la propuesta sobre la eliminación, suspensión o modificación de las PASO, uno de los aspectos más sensibles de la reforma.
Las dudas crecieron después del revés que sufrió el oficialismo con la postergación del tratamiento de la Ley de Propiedad Privada en el Senado, donde la falta de acuerdos obligó a demorar la votación hasta agosto y expuso diferencias internas sobre la estrategia parlamentaria.
En la Casa Rosada buscan evitar que ese escenario vuelva a repetirse. Por eso, la discusión sobre si negociar primero con los gobernadores o hacerlo después de aprobar la reforma se convirtió en uno de los principales debates dentro del oficialismo.
Pese a esas diferencias, en el Gobierno aseguran que Milei considera la reforma electoral una prioridad absoluta y que está dispuesto a destinar todos los recursos políticos necesarios para lograr su aprobación, convencido de que las nuevas reglas electorales serán determinantes para la estrategia oficial de cara a 2027.
