Tomás Rodríguez Ponte, exsecretario del juez federal Ariel Lijo, defendió este martes su postulación ante la Comisión de Acuerdos del Senado para convertirse en titular del Juzgado Federal Nº 2 de Lomas de Zamora, un tribunal estratégico donde se tramita, entre otros expedientes, la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que involucra a Martín Insaurralde, Jesica Cirio y Sofía Clerici.
El juzgado permanece vacante y actualmente está subrogado por el juez Luis Armella, quien en los últimos días ordenó la prohibición de salida del país para los principales imputados de esa investigación y continúa impulsando distintas medidas de prueba.
Durante la audiencia pública, Rodríguez Ponte realizó una breve exposición en la que repasó su trayectoria en el Poder Judicial y destacó su experiencia en la investigación de delitos complejos. El candidato se desempeña actualmente como titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), organismo que depende de la Corte Suprema y tiene a su cargo, entre otras funciones, la realización de peritajes y la administración de las escuchas judiciales.
La postulación del magistrado no encontró objeciones durante la audiencia, por lo que quedó en condiciones de obtener el dictamen favorable de la comisión y avanzar hacia su tratamiento en el recinto del Senado en una próxima sesión. Junto a Rodríguez Ponte también expusieron otros 15 postulantes para cubrir vacantes en distintos tribunales federales del país.
Además de la investigación sobre Insaurralde y Cirio, el Juzgado Federal N.º 2 de Lomas de Zamora posee una jurisdicción considerada estratégica porque comprende el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Complejo Penitenciario Federal, dos áreas de permanente intervención de la Justicia Federal.
La designación del nuevo juez será determinante para el futuro de varias causas de alto impacto institucional. En particular, el expediente que investiga el patrimonio de Martín Insaurralde y Jesica Cirio cobró un nuevo impulso tras la incorporación de videos y nuevas pruebas patrimoniales, mientras continúan las medidas ordenadas por la fiscalía para esclarecer el origen de los bienes investigados.
