La Justicia federal le ordenó al Gobierno nacional cumplir con la ley de Financiamiento Universitario, al suspender el decreto que había dejado sin efecto su aplicación. La decisión fue adoptada por el juez Martín Cormick, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, y obliga al Ejecutivo a aplicar de forma inmediata los aumentos salariales para docentes y no docentes, además de actualizar las becas destinadas a los estudiantes.
En su resolución, el magistrado sostuvo que existe un deber claro por parte del Estado de cumplir la norma, ya que el proceso legislativo se completó con el veto del presidente Javier Milei y la posterior insistencia del Congreso, que aprobó la ley con las mayorías requeridas. En ese marco, remarcó que una decisión administrativa no puede dejar sin efecto una ley ratificada por el Poder Legislativo.
Cormick advirtió que el deterioro salarial no impacta únicamente en los trabajadores universitarios, sino que afecta directamente el derecho constitucional a enseñar y aprender, consagrado en el artículo 14 de la Constitución Nacional. Según señaló, el recorte de ingresos en el sistema universitario tiene consecuencias directas sobre la calidad educativa y el normal funcionamiento de las casas de estudio.
El juez también relativizó el argumento económico utilizado por el Gobierno para justificar el decreto, al considerar que no otorgar los aumentos implicaría un ahorro mínimo dentro del presupuesto general del Estado, sin un impacto significativo en las cuentas públicas. Además, cuestionó que el Ejecutivo haya basado su decisión en una norma de rango inferior, al subrayar que ninguna ley puede estar por encima de lo que establece la Constitución.
La causa judicial se inició luego de que el Gobierno intentara suspender la aplicación de la ley mediante un decreto, pese a que el Congreso había ratificado su vigencia. En ese sentido, el fallo enfatizó que la insistencia legislativa debe prevalecer y que el orden constitucional no contempla la posibilidad de que el Ejecutivo neutralice una ley de ese modo.
Cormick aclaró que la medida es temporal y se mantendrá vigente hasta que exista una resolución definitiva del caso. También descartó que genere consecuencias irreversibles, ya que puede ajustarse en el marco del debate presupuestario en curso. La suspensión del decreto, explicó, respeta el principio de división de poderes y se dicta con una caución juratoria como garantía.
La Ley 27.795 de Financiamiento Universitario tiene como objetivo asegurar la continuidad de la educación pública y establece, entre otros puntos, la actualización automática de los presupuestos universitarios según la inflación, la recomposición salarial con carácter remunerativo y bonificable, la convocatoria obligatoria a paritarias nacionales y el fortalecimiento de los programas de becas, especialmente para estudiantes en situación de vulnerabilidad. Con este fallo, la Justicia dejó en claro que esos compromisos deben cumplirse mientras avanza la discusión de fondo.
