El Gobierno continúa revisando los pliegos para cubrir vacantes judiciales y su envío al Senado podría retrasarse varios días más. Actualmente, hay 364 cargos vacantes sobre un total de 1002 en la Justicia federal y nacional, lo que representa más de un tercio del total, con impacto en tribunales de la Capital y del interior del país.
El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, sigue ajustando las nóminas antes de remitir los expedientes a la Secretaría de Legal y Técnica, que encabeza María Ibarzabal. Aunque el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, había anunciado que los pliegos serían enviados “hoy mismo”, fuentes oficiales reconocen que el proceso de selección no está completamente cerrado y que la remisión podría concretarse en los próximos días.
La estrategia del Gobierno es priorizar la calidad de los candidatos por sobre la velocidad del envío. Según informaron desde Nación, la intención es presentar a los mejores perfiles para jueces, fiscales y defensores oficiales, lo que explica la diferencia entre los anuncios políticos y el estado administrativo real de los pliegos.
La demora tiene además un trasfondo histórico reciente: en diciembre de 2023, el presidente Javier Milei retiró del Senado los pliegos enviados por la gestión anterior y desde entonces no se habían remitido nuevas propuestas para cubrir los cargos federales, mientras crecían las vacantes por jubilaciones, renuncias y fallecimientos.
Mahiques, quien asumió hace pocas semanas en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona, está terminando de ordenar las ternas y definir qué nombres enviará primero al Senado. El ministro mantuvo reuniones con Milei en la quinta de Olivos para avanzar en temas vinculados a la reforma del Código Penal y la organización de los pliegos.
Mientras tanto, los tribunales advierten que el nivel de vacancias podría seguir creciendo si no se concretan los nombramientos, afectando especialmente a fueros sensibles y áreas con alta carga de trabajo. La resolución final de la cobertura de estos cargos sigue siendo uno de los desafíos inmediatos del Ejecutivo en materia judicial.
