El Tribunal Oral Federal (TOF) N.º 2 condenó a Martín Antonio Báez y a otros cinco acusados en la causa Vialidad II, que investigó la participación de exfuncionarios de Vialidad Nacional, de su delegación en Santa Cruz y de empresarios vinculados a las compañías de Lázaro Báez en la adjudicación y ejecución de obras públicas. Las condenas se dictaron mediante un juicio abreviado.
Los seis acusados recibieron penas de entre 2 años y 6 meses y 3 años de prisión por el delito de defraudación por administración fraudulenta agravada contra la administración pública. En el caso del hijo de Lázaro Báez, la pena quedó unificada en 7 años y 9 meses de prisión por una condena anterior por lavado de activos agravado.
La resolución fue firmada por el juez Andrés Fabián Basso, quien también dispuso el decomiso de bienes por $684.990.350.139,86. La medida alcanza el patrimonio vinculado a la maniobra investigada y establece que el monto deberá actualizarse al momento de su ejecución.
Quiénes fueron condenados en la causa Vialidad II
Además de Báez, el tribunal condenó a otros cinco acusados:
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Julio Enrique Mendoza: recibió una pena unificada de 5 años y 9 meses de prisión, con modalidad domiciliaria debido a su edad.
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Carlos Joaquín Alonso: exfuncionario de Vialidad.
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Jorge Eduardo Gregorutti: exfuncionario de Vialidad.
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Sergio Hernán Passacantando: exfuncionario de Vialidad.
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Fernando Javier Butti: vinculado a las empresas constructoras investigadas.
Las penas correspondientes a los seis acusados en este tramo fueron de entre 2 años y 6 meses y 3 años. En los casos de Báez y Mendoza, el tribunal unificó las condenas con otras dictadas anteriormente por lavado de activos agravado.
Qué investigó el segundo tramo de la causa Vialidad
A diferencia del primer juicio, que tuvo entre sus principales condenados a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Vialidad II se concentró en las responsabilidades de funcionarios de segunda y tercera línea y de empresarios que participaron en las contrataciones de obra pública en Santa Cruz.
La investigación examinó el funcionamiento de la estructura administrativa y empresarial que permitió adjudicar y ejecutar contratos viales entre 2003 y 2015.
Entre las compañías involucradas se encontraban Austral Construcciones, Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto, vinculadas a Lázaro Báez.
El tribunal consideró acreditada la existencia de una maniobra defraudatoria contra el Estado mediante la contratación de obras viales en esa provincia.
Cómo se distribuyeron las responsabilidades
La sentencia distinguió dos grupos de responsabilidades dentro de la maniobra investigada.
Por un lado, Carlos Joaquín Alonso, Jorge Eduardo Gregorutti y Sergio Hernán Passacantando, exfuncionarios de Vialidad, fueron considerados coautores de defraudación por administración fraudulenta agravada.
Según el juez Basso, tenían responsabilidades sobre la administración de los intereses económicos afectados y habrían incumplido los deberes correspondientes a sus funciones.
Por otro lado, Martín Báez, Julio Mendoza y Fernando Butti fueron considerados partícipes necesarios. Los tres habían ocupado cargos de relevancia en empresas constructoras vinculadas a los contratos investigados.
El fallo sostuvo que su intervención empresarial fue indispensable para concretar las operaciones, mediante la presentación de ofertas, la firma de contratos y la ejecución de las obras.
Por qué se resolvió mediante un juicio abreviado
La condena se dictó a través de un procedimiento de juicio abreviado, acordado entre los fiscales, las defensas y la querella de la Unidad de Información Financiera (UIF).
En ese marco, los seis acusados admitieron su responsabilidad por los hechos investigados y aceptaron las condiciones del acuerdo.
El juez Andrés Basso fundamentó su decisión en las conclusiones del primer juicio de la causa Vialidad. En particular, sostuvo que los hechos examinados en este segundo tramo eran los mismos que habían formado parte del debate oral anterior.
De esta manera, la sentencia tomó como antecedente la acreditación de la maniobra de defraudación contra la administración pública a través de la obra pública vial adjudicada en Santa Cruz.
El decomiso de bienes supera los $684.990 millones
Uno de los puntos centrales de la resolución es la decisión de avanzar con el decomiso de bienes por $684.990.350.139,86, una cifra que deberá actualizarse al momento de su ejecución.
La medida constituye una consecuencia patrimonial de la sentencia y se suma a las condenas penales impuestas a los seis acusados.
El monto también permite dimensionar la magnitud económica de la investigación, que tuvo como eje la adjudicación de contratos viales financiados con fondos públicos durante doce años en Santa Cruz.
Qué relación tiene Vialidad II con la condena a Cristina Kirchner
La causa Vialidad tuvo como antecedente el juicio oral que terminó con la condena de Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Ese proceso también alcanzó al empresario Lázaro Báez y a exfuncionarios nacionales y provinciales.
Vialidad II amplió el análisis sobre el funcionamiento del esquema de contratación. En lugar de concentrarse en las principales autoridades políticas y administrativas, examinó la intervención de responsables operativos y empresarios que participaron en las licitaciones y en la ejecución de las obras.
De esta manera, ambos tramos judiciales abordaron distintas responsabilidades dentro de una misma maniobra investigada.
La acusación de los fiscales Luciani y Mola
Durante la investigación, los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola sostuvieron que existió un sistema de corrupción institucional basado en la manipulación de las contrataciones públicas.
En su acusación, señalaron que los imputados actuaron mediante una división de funciones que permitió sostener las operaciones durante varios años y desviar fondos públicos en beneficio particular.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal calificaron los hechos como una maniobra de extrema gravedad por la continuidad de las operaciones y la participación coordinada de funcionarios y empresarios.
Sus argumentos formaron parte del proceso que concluyó con el acuerdo de juicio abreviado y las condenas dictadas por el TOF N.º 2.
