Claudia Insaurralde, pareja del empresario kirchnerista Lázaro Báez, fue detenida el pasado lunes por la tarde en el aeroparque metropolitano Jorge Newbery, en la Ciudad de Buenos Aires. Había llegado desde Río Gallegos en un vuelo de Aerolíneas Argentinas junto a Cristian Ibáñez y Valentina Devetac, quienes también quedaron arrestados.
El procedimiento se realizó por orden de la Justicia federal de Río Gallegos, que dispuso además el secuestro de cuatro valijas de grandes dimensiones. Los investigadores sospechan que los tres podían intentar eludir la acción judicial.
La detención se produjo en el marco de dos investigaciones relacionadas con presuntas maniobras de narcotráfico, lavado de dinero y administración de activos de origen ilícito vinculados al empresario, quien permanece detenido en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza.
Dos investigaciones que tienen puntos de contacto
Una de las causas busca determinar el funcionamiento de una presunta organización dedicada al transporte de cocaína en camiones, una actividad que habría comenzado al menos en diciembre de 2025.
De acuerdo con la investigación, la distribución de la droga estaría a cargo de dos hombres. Uno de ellos sería responsable de un lavadero, que presuntamente habría funcionado como lugar de entrega de los estupefacientes.
La segunda línea de investigación surgió a partir de ese expediente y apunta a establecer si existía una estructura destinada a administrar, explotar y poner en circulación activos de presunto origen ilícito relacionados con Báez.
Los investigadores analizan posibles vínculos entre ambas estructuras. Una de las hipótesis es que una persona de confianza del empresario habría tenido participación tanto en la organización dedicada al tráfico de drogas como en el movimiento de esos activos.
Entre los elementos reunidos por la Justicia figuran escuchas telefónicas y anotaciones que permitirían reconstruir las operaciones investigadas.
Los 27 allanamientos y los elementos secuestrados
En paralelo con las detenciones, la Justicia federal ordenó 27 allanamientos en Santa Cruz y la provincia de Buenos Aires. Los procedimientos alcanzaron propiedades, establecimientos y otros inmuebles vinculados con el entorno del empresario.
Durante los operativos se secuestraron:
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Vehículos vinculados con las personas investigadas.
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Sustancias estupefacientes, entre ellas cocaína.
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Armas de fuego.
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Documentación de interés para las causas.
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Elementos que serán analizados para reconstruir las presuntas operaciones.
Además de Insaurralde, Ibáñez y Devetac, hubo otras cuatro detenciones en Santa Cruz.
En los procedimientos participaron efectivos de la Policía de Santa Cruz, la Prefectura Naval Argentina (PNA) y la Gendarmería Nacional Argentina (GNA). También intervino la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), en el expediente relacionado con las maniobras patrimoniales.
Lázaro Báez fue notificado en el penal de Ezeiza
Después de conocerse las detenciones, las autoridades notificaron a Lázaro Báez sobre la situación procesal de su pareja. Además, se realizó un allanamiento en la celda que ocupa en el penal de Ezeiza y se dispuso que permaneciera incomunicado.
La investigación busca establecer si el empresario continuaba administrando o disponiendo de bienes y activos pese a las condenas y medidas patrimoniales que pesan sobre él. Uno de los aspectos centrales será determinar si existieron operaciones destinadas a mantener esos bienes fuera del alcance de las medidas judiciales y quiénes habrían intervenido en ellas.
Los antecedentes judiciales de Lázaro Báez
La investigación actual vuelve a poner bajo la lupa la trayectoria judicial de Báez, empresario santacruceño que adquirió notoriedad por sus contratos de obra pública durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.
A través de Austral Construcciones, su principal empresa, obtuvo contratos para ejecutar obras viales en Santa Cruz. Su nombre quedó asociado a dos de las investigaciones judiciales de mayor repercusión de los últimos años.
En la causa Vialidad, recibió una condena de seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. La sentencia quedó firme y también alcanzó a Cristina Kirchner.
Por otra parte, en la causa conocida como La ruta del dinero K, fue condenado por lavado de activos. La pena, que inicialmente había sido de 12 años, fue reducida a 10 años por la Cámara Federal de Casación Penal.
Un nuevo frente judicial para el empresario ligado al kirchnerismo
La particularidad de esta investigación es que no se limita a revisar el origen de los bienes que integran el patrimonio de Báez. También busca determinar si existieron movimientos posteriores de esos activos y si hubo personas que colaboraron para administrarlos o ponerlos nuevamente en circulación.
La eventual conexión con una estructura investigada por narcotráfico abre otra línea de análisis para los investigadores: establecer si los circuitos de transporte de cocaína y las operaciones patrimoniales compartían integrantes, recursos o mecanismos de funcionamiento.
Por ahora, se trata de hipótesis judiciales que deberán ser respaldadas por las pruebas incorporadas a los expedientes.
¿Qué pasará con Claudia Insaurralde?
Según la información difundida por fuentes judiciales, está prevista para este jueves una audiencia en Río Gallegos para formalizar la imputación y realizar el control de detención de Insaurralde.
La instancia estará a cargo del juez federal de garantías Claudio Vázquez, con intervención del fiscal federal Julio Zárate.
La audiencia permitirá conocer con mayor precisión cuáles son los hechos que se le atribuyen, qué elementos de prueba presentó la fiscalía y qué medidas procesales se resolverán respecto de los detenidos. La investigación continúa y las responsabilidades penales todavía deben determinarse.
