La propuesta de eliminar la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Neuquén abrió un debate sobre el rol de estos organismos y su utilidad para los vecinos. Fernando Bravo, defensor del pueblo y del ambiente de San Martín de los Andes, cuestionó la iniciativa y sostuvo que las defensorías cumplen una función fundamental como órganos de control frente a posibles abusos, arbitrariedades e incumplimientos de la administración pública.
Bravo brindó estos detalles en el programa La Segunda Mañana, que se transmite por AM550. Aunque aclaró que conoce el proyecto a través de la información publicada en los medios y que no analizó sus fundamentos en profundidad, expresó su desacuerdo con los argumentos que plantean reducir gastos o abaratar la política mediante la eliminación del organismo. “Personalmente, no le encuentro ni pies ni cabeza”, afirmó.
El proyecto para eliminar la Defensoría del Pueblo de Neuquén fue presentado por Denisse Stillger, concejal del bloque Arriba Neuquén. La iniciativa abrió el debate sobre la continuidad del organismo y su función en la defensa de los derechos de los vecinos. Frente a esta propuesta, El defensor explicó que la tarea de las defensorías no se limita a una función administrativa, sino que consiste en proteger a los ciudadanos frente a decisiones arbitrarias, omisiones o incumplimientos de los gobiernos.
Como ejemplo, detalló que la Defensoría de San Martín de los Andes cuenta con un sistema de seguimiento que permite registrar las actuaciones, las gestiones necesarias para resolver cada reclamo y los casos que se cierran durante el año. Según indicó, entre el 85% y casi el 90% de los temas que analiza ese organismo se cierran dentro del mismo período anual. También aclaró que algunas actuaciones continúan en seguimiento cuando todavía no existe una respuesta definitiva para el vecino.
Bravo también defendió la capacidad de intervención judicial de las defensorías. Recordó que el organismo de San Martín de los Andes impulsó acciones judiciales vinculadas con el vertedero municipal, cuyo cierre fue respaldado por distintas instancias judiciales, incluido el Tribunal Superior de Justicia. Además, mencionó una presentación para que se liberaran camiones recolectores de residuos durante un conflicto gremial, ante las posibles consecuencias para la salud pública.
Por último, sostuvo que las defensorías cuentan con herramientas para actuar cuando los funcionarios no responden o entorpecen su labor, aunque destacó que la gestión cotidiana suele apoyarse en el diálogo y el trabajo con las distintas áreas del Estado. Para Bravo, evaluar la utilidad de estos organismos únicamente desde el gasto que representan deja de lado su función central: defender los derechos de los vecinos.
