El Estado neuquino exoneró de la administración pública a Abel Di Luca, exministro de Desarrollo Social durante el gobierno de Omar Gutiérrez, por su intervención en el circuito irregular de pagos investigado en la causa Planes Sociales. Se trata de la sanción disciplinaria más grave prevista para los empleados públicos y le impide volver a ocupar un cargo en el Estado.
La medida quedó establecida mediante el Decreto 1332, firmado el 8 de septiembre y publicado ese mismo día en el Boletín Oficial. La norma fue suscripta por la vicepresidenta primera de la Legislatura, Zulma Reina, quien estaba a cargo del Poder Ejecutivo por una delegación del gobernador Rolando Figueroa. El ministro de Seguridad, Matías Nicolini, refrendó el decreto.
La decisión se conoció en una semana marcada por novedades judiciales para el exfuncionario. El lunes 5 de octubre, la jueza de Garantías Natalia Pelosso lo sobreseyó en la causa Viento Sur, que investiga presuntas irregularidades en el manejo de fondos destinados a organizaciones sociales. Sin embargo, esa resolución es independiente de las actuaciones administrativas y de la causa Planes Sociales, por la que Di Luca recibió una condena penal.
Los motivos de la exoneración de Abel Di Luca
Di Luca pertenecía a la planta permanente del Ministerio de Seguridad. En 2024, esa cartera le inició un sumario administrativo y dispuso su suspensión preventiva con retención de haberes. Cuando fue citado a declarar, el 10 de julio de ese año, el exfuncionario se abstuvo de hacerlo.
La investigación administrativa concluyó que, entre diciembre de 2019 y octubre de 2022, cuando se desempeñó como subsecretario y luego como ministro de Desarrollo Social, tuvo una intervención determinante en la aprobación, validación y continuidad de un circuito irregular de pagos de subsidios por desocupación.
Según las conclusiones del sumario, el mecanismo involucraba a distintas áreas y dependía de la autorización final del entonces funcionario. La Junta de Disciplina de la Administración Pública sostuvo que parte de los fondos destinados a personas en situación de vulnerabilidad terminaba en manos de integrantes del grupo investigado.
El organismo describió que se incorporaban beneficiarios de subsidios cuyos fondos eran utilizados de manera irregular. Una parte del dinero llegaba a los destinatarios, mientras que el resto era apropiado por terceros. Además, los listados de beneficiarios se confeccionaban para dar apariencia de legalidad a las operaciones.
El perjuicio económico al Estado fue estimado en 153.377.900 pesos, correspondientes al período comprendido entre septiembre de 2020 y julio de 2022. De ese total, 125.412.400 pesos correspondieron a operaciones con tarjetas de débito y otros 27.965.500 pesos a pagos con cheques.
La Junta de Disciplina recomendó por unanimidad la exoneración. Entre los fundamentos mencionó faltas graves que perjudicaron material y moralmente a la administración pública, el incumplimiento intencional de obligaciones y la notoria indignidad moral, de acuerdo con las normas que regulan el empleo público provincial.
La condena por la causa Planes Sociales
En el ámbito penal, Di Luca fue declarado responsable del delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública. El 29 de diciembre de 2025, un tribunal de juicio le impuso cinco años de prisión y la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. Posteriormente, la Fiscalía impugnó el fallo y logró que se revocara la absolución por asociación ilícita de los doce condenados. El 20 de agosto de 2026, el Tribunal de Impugnación condenó a Di Luca como jefe de esa asociación, en concurso real con el delito de defraudación.
El tribunal dejó sin efecto la pena fijada anteriormente y ordenó realizar un nuevo juicio de cesura para determinar la sanción correspondiente. Las defensas recurrieron ante el Tribunal Superior de Justicia y la sentencia penal aún no se encuentra firme.
El sobreseimiento en la causa Viento Sur
La situación judicial de Di Luca tomó otro rumbo en el expediente que investiga presuntas irregularidades en la transferencia de 1.208 millones de pesos a la cooperativa Viento Sur, mediante un programa de capacitación destinado a organizaciones sociales.
El lunes 5 de octubre, la jueza de Garantías Natalia Pelosso dispuso el sobreseimiento del exministro y de su sucesor en Desarrollo Social, Germán Chapino. El único imputado que irá a juicio es el referente de la cooperativa, Diego Mauro, mientras que otros involucrados accedieron a la suspensión del juicio a prueba.
La magistrada consideró que no había elementos suficientes para sostener la acusación contra los exfuncionarios. También cuestionó la investigación fiscal y sostuvo que la decisión política de crear el programa correspondía al entonces gobernador Omar Gutiérrez.
Pelosso descartó que se hubiera acreditado una responsabilidad penal de los exministros por la falta de control de los fondos y señaló que no se había demostrado que insistieran en avanzar con pagos pese a las objeciones de los organismos de control.
El fiscal jefe Pablo Vignaroli anticipó que apelará la resolución. El sobreseimiento deberá ser revisado por el Tribunal de Impugnación antes de quedar firme.
